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La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Modifica el régimen sancionador de las Illes Balears para la COVID-19 y regula los contratos de patrocinio institucional. Aclara que también son infracción la comercialización, organización y publicidad de reuniones o fiestas que puedan causar aglomeraciones.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, regula las retribuciones del personal público y establece las normas de gestión, control y operaciones financieras.

Establece que los criterios y normas de garantía y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios se apliquen a los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas. Regula la inscripción, fabricación, almacenamiento, distribución, dispensación, vigilancia e inspección de estos productos en el ámbito militar.

Actualiza en 2020 el sistema de precios de referencia de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Establece nuevos conjuntos de referencia y sus precios, revisa los precios de conjuntos ya existentes y suprime los que dejan de cumplir los requisitos.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Sanidad durante 2020 a varias entidades y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones que se financian, el procedimiento, las cuantías y la forma de justificar el dinero.

Regula una ayuda para la compra de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud en Canarias. Está dirigida a pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con renta anual inferior a 18.000 euros. La norma fija quién puede recibirla, cómo se acredita, su cuantía, el abono y el procedimiento de gestión.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que establece medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece el ingreso mínimo vital. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece que los medicamentos huérfanos quedan fuera del sistema de precios de referencia del Sistema Nacional de Salud. Se aplica cuando no hay alternativa terapéutica con la misma indicación o, si la hay, cuando el medicamento aporta un beneficio clínico relevante. El precio se revisa si se comprueba que es económicamente viable.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

Modifica una orden anterior para que, durante el estado de alarma por COVID-19, los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU puedan recoger en la farmacia sus medicamentos sin el sello de visado previo y con recetas prorrogadas. Así se evita que tengan que acudir al médico solo para renovar recetas de tratamientos crónicos.

Establece condiciones para dispensar y administrar medicamentos en el Sistema Nacional de Salud durante la crisis sanitaria del COVID-19. Limita la dispensación hospitalaria a dos meses de tratamiento y permite excepcionalmente llevar medicamentos a pacientes no hospitalizados y a participantes en ensayos clínicos.

Durante el estado de alarma por el COVID-19, esta orden suprime temporalmente la obligación de estampillar el sello de visado en las recetas de ciertos medicamentos para los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU. También permite a estas mutualidades adoptar medidas para que sus afiliados reciban medicamentos de hospitales privados concertados.