Decreto-ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa.

I

La emergencia sanitaria que ha generado la pandemia provocada por la COVID-19 en todo el mundo ha obligado a los gobiernos a adoptar medidas extraordinarias y urgentes de todo tipo para luchar contra las diversas olas de contagios y mitigar los efectos económicos y sociales que este fenómeno está produciendo.

Ciertamente, los efectos de la primera ola de la pandemia se controlaron considerablemente en las Illes Balears, gracias a las medidas de contención adoptadas. Aun así, la naturaleza y la evolución imprevisible de la misma, en relación con las formas de contagio y con la propagación del virus, hizo que se continuaran adoptando medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, con la finalidad de permitir seguir afrontando y controlando la pandemia, para el caso de una eventual segunda ola, que finalmente se ha producido. En este último sentido, y más allá del éxito que se espera de las vacunas destinadas a prevenir más olas de este virus –algunas de las cuales ya se encuentran en proceso de inminente distribución–, lo cierto es que, a día de hoy, la pandemia aun subsiste, aunque notablemente atenuada en las Illes Balears, y que, por tanto, la superación todavía no ha sido oficialmente declarada ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades competentes.

Finalizado el primer estado de alarma y sus prórrogas, el Gobierno del Estado, para hacer frente a los posibles riesgos sanitarios de una segunda ola, aprobó el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Y, en las Illes Balears, se aprobó el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de medidas excepcionales de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y, posteriormente, el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, en el marco del artículo 31 y otras disposiciones concordantes del mencionado Real Decreto-ley 21/2020 y también de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Pues bien, la experiencia en la tramitación de los procedimientos sancionadores al amparo de dicho Decreto-ley 11/2020 ha puesto de relieve la necesidad de aclarar que también forman parte de los tipos infractores correspondientes la comercialización, la organización y, en general, la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual en los que se produzcan o puedan producirse aglomeraciones que impidan y dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención, aunque dichas aglomeraciones finalmente no se consuman porque se hayan detectado a tiempo por la Administración. En este sentido, y ante la posible dificultad de diferenciar las actuaciones de comercialización (a las que se refiere el artículo 3.b) correspondiente a las infracciones muy graves) y las actuaciones de organización (a las que hace referencia el artículo 4.b) relativo a las infracciones graves) –si bien en principio la diferencia esencial debía pivotar en el carácter estrictamente empresarial y lucrativo de la comercialización, a diferencia de la simple organización–, se aprovecha esta modificación para que el carácter muy grave o grave de la infracción resida en el hecho de que se consuma o no la aglomeración, atendido el bien jurídico protegido, más allá pues de la consideración de la actividad como de comercialización, de organización o de publicidad.