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La orden libera existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en España dentro de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía. España contribuye con cuatro millones de barriles, que liberan de forma progresiva los sujetos obligados.

El Consejo de Ministros acuerda liberar existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos. España aporta 2.000.000 de barriles dentro de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía para hacer frente a la alteración del mercado petrolero.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico que se aplican desde el 1 de enero de 2022 y actualiza otros costes regulados del sistema eléctrico para ese año. También actualiza los pagos por capacidad y los segmentos tarifarios para la recarga de vehículos eléctricos.

Establece las orientaciones de política energética que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia debe seguir al aprobar la circular sobre acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de consumo de energía eléctrica.

Fija las cuotas que las empresas obligadas a mantener reservas de hidrocarburos deben pagar a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) durante 2022. Las cuotas se calculan por volumen vendido o consumido y por días de existencias mantenidas.

Establece cómo calcular y refacturar los suplementos territoriales de los peajes de acceso a la red eléctrica del año 2013, tras varias sentencias del Tribunal Supremo. Fija el ámbito de aplicación, la información que deben enviar las comunidades autónomas y la metodología para determinar los costes.

Regula cómo se liquidan las retribuciones de las actividades reguladas del sector del gas, los cargos y las cuotas con destinos específicos. Establece el procedimiento de liquidación, los periodos, los pagos a cuenta y el sistema de información que deben presentar las empresas. También regula la inspección y comprobación de esos datos.

Fija los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el año de gas 2022. También regula el régimen económico del suministro de gases manufacturados en territorios insulares.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos por capacidad que se aplican desde el 1 de junio de 2021. Estos cargos cubren costes regulados del sistema eléctrico y se dividen por niveles de tensión y por periodos horarios.

Fija la retribución para el año 2016 de varias empresas distribuidoras de energía eléctrica, tras varias sentencias del Tribunal Supremo que estimaron parcialmente sus recursos contra la orden que fijó esa retribución. Corrige parámetros de cálculo, entre ellos el factor λibase, para las empresas afectadas.

Fija los costes regulados del sistema eléctrico para 2021 y prorroga los peajes de acceso de la electricidad de 2020 a partir del 1 de enero de 2021. También prorroga los precios para financiar pagos por capacidad y cuotas con destinos específicos, y fija la retribución del Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Fija las cuotas que los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo y gas natural deben pagar a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) durante 2021. Estas cuotas financian la constitución, almacenamiento y conservación de las existencias estratégicas.

Establece nuevos parámetros de retribución para el año 2016 de varias empresas distribuidoras de energía eléctrica, para cumplir sentencias del Tribunal Supremo. También modifica la retribución sin incentivos y el incentivo a la calidad de servicio de esas empresas.

Fija las retribuciones de varias empresas de distribución de energía eléctrica para el segundo periodo de 2013 y los años 2014 y 2015. Lo hace para cumplir varias sentencias del Tribunal Supremo sobre el cálculo de la retribución de distribuidoras con menos de 100.000 clientes.

Revisa los precios de producto y de logística que se usan para calcular el precio de los combustibles en la retribución de las instalaciones de producción eléctrica de los territorios no peninsulares. También fija un valor tope del tiempo de arranque de liquidación por instalación tipo.