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Establece las reglas por las que España y Jordania se entregan mutuamente a personas reclamadas para ser juzgadas o para cumplir una pena. Fija los delitos que permiten la extradición, los motivos para denegarla y el procedimiento de solicitud, detención y entrega.

España ratifica cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden como crímenes de guerra el uso de armas biológicas o toxinas, de armas con fragmentos no detectables por rayos X, de armas láser que causen ceguera permanente y el uso del hambre contra la población civil como método de guerra.

El acuerdo fija que España y el Reino Unido se reparten al 50 % el dinero obtenido de bienes decomisados en un caso concreto. España transferirá al Reino Unido 523.591 euros del total recuperado por la venta de una propiedad en España. El acuerdo entra en vigor con la firma de ambas partes.

Establece el marco para que España ejecute las penas de prisión impuestas por la Corte Penal Internacional. Regula el procedimiento de designación de España, el traslado de la persona condenada, la supervisión de la pena y las condiciones de reclusión.

España ratifica el Protocolo n.º 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este Protocolo permite que los tribunales superiores de un país pidan opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España designa al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo como los órganos que podrán hacer esas consultas.

El acuerdo fija que España y Suiza se reparten al 50 % el dinero obtenido de la venta de bienes decomisados en una causa por blanqueo de capitales. España transfiere a Suiza la mitad del importe que tiene ingresado en una cuenta bancaria en España.

Establece un acuerdo entre España y Nigeria para que las personas condenadas en uno de los dos países puedan cumplir su pena de prisión en el otro. Fija las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

Establece un marco de asistencia judicial mutua entre España y Nigeria en materia penal. Regula cómo se solicitan, tramitan y ejecutan las peticiones de ayuda entre ambos países para prevenir, investigar y perseguir delitos, incluidos los fiscales y los relacionados con el terrorismo.

El Boletín Oficial del Estado publica una enmienda al artículo 39 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La enmienda añade un texto sobre la sustitución de un magistrado en las Salas, conforme a las Reglas de Procedimiento y Prueba.

España ratifica el Convenio del Consejo de Europa contra la manipulación de competiciones deportivas. El Convenio obliga a los Estados a prevenir, detectar y sancionar los amaños de partidos, y a cooperar entre autoridades, organizaciones deportivas y casas de apuestas. España se reserva no aplicar una parte del artículo 19 sobre competencia judicial.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.

Establece un acuerdo entre España y Qatar para que las personas condenadas a pena de privación de libertad en uno de los dos países puedan cumplir su condena en su país de origen. Regula las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre mecanismos y estructuras que se usan para eludir la comunicación de datos fiscales. Define qué se considera mecanismo sujeto a comunicación, los plazos y el procedimiento del intercambio, y las reglas de confidencialidad.

España ratifica un tratado para enviar por vía electrónica, a través de la plataforma Iber@, las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Incluye un reglamento que fija cómo se financia esa plataforma.

Establece el marco para que la Fiscalía Europea use la plataforma del Punto Neutro Judicial y consulte bases de datos de administraciones y organismos con convenio con el Consejo General del Poder Judicial. El acceso requiere una resolución procesal previa y se ajusta a la normativa de protección de datos.

La adenda añade al acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra un marco para intercambiar información documental y jurisprudencial. Cada institución da a los jueces del otro país acceso a sus bases de datos jurídicas y ofrece formación para usarlas.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra, firmado en 2015. También incorpora y modifica el contenido de una adenda anterior sobre intercambio de información documental y jurisprudencial.

España ratifica el Protocolo n.º 15 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en Estrasburgo el 24 de junio de 2013. El Protocolo modifica el Convenio mediante nueve artículos. España añade una declaración sobre la aplicación del Protocolo a Gibraltar.

Establece un marco de asistencia judicial entre España y Ecuador en asuntos penales. Permite notificar documentos, obtener pruebas, localizar personas, embargar bienes y trasladar a personas privadas de libertad para declarar. También cubre delitos fiscales y aduaneros.