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Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Publica la norma técnica de auditoría NIA-ES 600 (Revisada), que adapta para España la norma internacional sobre auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de componentes. Sustituye a la norma anterior de 2013.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Modifica las instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública de la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y remiten los informes de auditoría y cómo se piden los planes de acción para corregir los problemas detectados.

Actualiza las instrucciones internas para el control financiero permanente que realiza la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y comunican los informes de control y cómo se hace el seguimiento de sus resultados.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el periodo en que el control financiero permanente es la única modalidad de control para reconocer el derecho y la obligación de los expedientes del ingreso mínimo vital. El acuerdo surte efectos desde el 1 de enero de 2021.

Permite sustituir temporalmente la función interventora por el control financiero permanente en el sector público estatal mientras dure la situación excepcional por el COVID-19. El Interventor General de la Administración del Estado decide a qué expedientes, áreas y organismos se aplica mediante resolución.

Establece cómo los órganos de intervención de las entidades locales deben enviar al Tribunal de Cuentas, por vía telemática, información sobre el control interno que realizan. Sustituye la instrucción anterior de 2015 y adapta el envío al Real Decreto 424/2017.

Modifica el anexo 1 de la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales. Añade, entre la documentación que acompaña a esa cuenta, los informes de auditoría de las cuentas anuales de determinadas entidades dependientes de la entidad local.