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Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Eleva a veinte años el tiempo exigido en la carrera judicial para ser magistrado del Tribunal Supremo y regula la excedencia voluntaria de jueces y magistrados que accedan a cargos públicos o políticos.

Prorroga tres años el Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra. Mantiene el marco de colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de información y jurisprudencia.

Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial, cuando está en funciones, pueda proponer el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar. Fija un plazo máximo de tres meses desde el fin del mandato anterior para hacer la propuesta, por mayoría de tres quintos.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir un nuevo supuesto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Esta sala conocerá de las solicitudes del Gobierno para convalidar o revocar acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o de explotación de redes, previstos en la Ley General de Telecomunicaciones.

Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la protección de los hijos e hijas menores de edad que quedan huérfanos cuando su madre es asesinada por violencia de género. Incluye medidas sobre pensión, trámites sucesorios y asistencia jurídica.

Establece el marco para que la Fiscalía Europea use la plataforma del Punto Neutro Judicial y consulte bases de datos de administraciones y organismos con convenio con el Consejo General del Poder Judicial. El acceso requiere una resolución procesal previa y se ajusta a la normativa de protección de datos.

Reconoce como tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. Para ello modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La adenda añade al acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial de España y el Consell Superior de Justicia de Andorra un marco para intercambiar información documental y jurisprudencial. Cada institución da a los jueces del otro país acceso a sus bases de datos jurídicas y ofrece formación para usarlas.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al nuevo Registro Civil único, informatizado y electrónico, y cambia el Código Penal para completar la trasposición de una directiva europea contra el blanqueo de capitales. Los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo serán los encargados del Registro Civil.

Establece las reglas que aplican al Consejo General del Poder Judicial cuando sus miembros siguen en el cargo pasado el plazo de cinco años sin que se haya nombrado a los nuevos. Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular cómo funciona el Consejo en esa situación de «en funciones».