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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional tercera del Decreto-ley 1/2022 de la Comunitat Valenciana, que aprobó medidas urgentes ante la emergencia energética y económica por la guerra en Ucrania. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 5/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifican normas sobre identidad de género y función pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia de esos preceptos queda suspendida.

Desarrolla en Ceuta y Melilla el procedimiento para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Regula la composición y funciones de los equipos multiprofesionales del Imserso y el procedimiento administrativo, incluida la tarjeta acreditativa.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Toledo sobre un apartado de la Ley de Castilla-La Mancha 1/2012, por posible vulneración de los artículos 14 y 149.1.18.ª de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.1 del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modificaba la Ley de salud pública autonómica. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir límites materiales de los decretos-leyes autonómicos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra. Declara la extinción parcial del proceso y anula el precepto que excluía ciertos servicios jurídicos de la ley de contratos, por invadir competencias básicas del Estado.

Adapta la Orden ESS/1187/2015 a los cambios del Real Decreto 1060/2022 sobre la gestión de la incapacidad temporal. Elimina la entrega de copias en papel de los partes de baja, confirmación y alta a la persona trabajadora y su presentación a la empresa. La comunicación de esos partes pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra, que modifican la Ley Foral de Contratos Públicos. Se impugnan las nuevas letras l) y m) del artículo 7.1 y una nueva disposición adicional vigesimoprimera.

Establece las reglas para conceder ayudas, en concurrencia competitiva, a proyectos de investigación sobre adicciones, financiadas con fondos europeos, y aprueba la convocatoria de 2022. Las ayudas se centran en estudiar el efecto de la pandemia de COVID-19 en los consumos y los trastornos adictivos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra un apartado del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modifica la Ley de Salud Pública y el régimen sancionador frente a la COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la Ley de presupuestos de la Comunidad Valenciana para 2017. El precepto establecía un complemento específico para los puestos de jefatura de servicio o sección del personal estatutario facultativo del sistema sanitario público valenciano. El tribunal declara nulo ese precepto por invadir límites materiales de las leyes de presupuestos.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 29/2020, que establece medidas urgentes sobre teletrabajo en las Administraciones Públicas y sobre recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para afrontar la crisis sanitaria de la COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica la Orden SND/234/2020 sobre medidas de contención e información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Suprime el apartado séptimo y cambia el anexo I, que fija qué datos epidemiológicos, de capacidad asistencial y de recursos materiales deben enviar las comunidades autónomas y los centros hospitalarios.

Modifica una orden anterior para que, durante el estado de alarma por COVID-19, los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU puedan recoger en la farmacia sus medicamentos sin el sello de visado previo y con recetas prorrogadas. Así se evita que tengan que acudir al médico solo para renovar recetas de tratamientos crónicos.

Durante el estado de alarma por el COVID-19, esta orden suprime temporalmente la obligación de estampillar el sello de visado en las recetas de ciertos medicamentos para los mutualistas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU. También permite a estas mutualidades adoptar medidas para que sus afiliados reciban medicamentos de hospitales privados concertados.