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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula el Real Decreto 667/2023, que creaba la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 625/2023, que aprobaba la oferta de empleo público de 2023, y anula su anexo II. El motivo es que ese anexo no respeta los porcentajes de reparto de plazas entre acceso libre y promoción interna en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Tribunal Supremo corrige un error en la sentencia de 25 de junio de 2024 sobre el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La corrección anula los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2 en la parte que se aplicaban a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una Administración.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la parte de la Oferta de Empleo Público de 2024 que afecta al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. La suspensión alcanza al exceso de 11 plazas del turno libre, que queda en 114 plazas, y se mantienen 38 para promoción interna.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias empresas eléctricas contra la Orden TED/1315/2022, que regula las subastas de combustible y los valores de referencia para instalaciones eléctricas en territorios no peninsulares. Declara contrarios a derecho varios puntos sobre las fechas de aplicación de los precios de referencia y de la retribución por costes de logística, y anula el inciso sobre el coste de puesta en puerto del gas en Canarias y Melilla.

El Tribunal Supremo corrige errores materiales en su sentencia de 22 de julio de 2024. Cambia la fecha de 1 de enero de 2022 por 1 de enero de 2020 en varios fundamentos de derecho y en el fallo.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 1012/2022, que fijaba la estructura de la Abogacía General del Estado y regulaba la inspección de sus servicios y su personal. Como consecuencia, anula ese real decreto y anula en parte varios preceptos del Real Decreto 1040/2022.

El Tribunal Supremo estima la cuestión de ilegalidad planteada y anula un inciso del artículo 12 del Reglamento que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia. El inciso anulado exigía que el interesado no hubiera cometido actos incompatibles con la buena conducta cívica hasta ese momento.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la vigencia del Real Decreto 366/2024, que ampliaba las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza, concretamente en la homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la vigencia del Real Decreto 366/2024, que ampliaba las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia de enseñanza, concretamente en la homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la vigencia del Real Decreto 366/2024, que ampliaba las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia de enseñanza. Esa ampliación se refería a la homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la vigencia del Real Decreto 366/2024, que ampliaba las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza, concretamente en la homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros. La suspensión se adopta mientras se resuelve el recurso contencioso-administrativo contra esa norma.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la vigencia del Real Decreto 366/2024, que ampliaba las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza. Esa ampliación se refería a la homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la vigencia del Real Decreto 366/2024, que ampliaba las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia de enseñanza, concretamente en la homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo suspende de forma cautelar la vigencia del Real Decreto 366/2024, que ampliaba las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza, concretamente en la homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de una asociación profesional contra la oferta de empleo público de 2023 y contra el acuerdo del Consejo de Ministros que inadmitió su recurso de reposición. Anula ese acuerdo del Consejo de Ministros y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.