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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por las Cortes de Aragón contra la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El recurso queda admitido y se tramitará ante el Pleno.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley Orgánica de amnistía para Cataluña, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y más de cincuenta senadores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre el artículo 1 de la Ley Orgánica de amnistía en Cataluña. El Tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regulan la oposición y la suspensión en la ejecución. Declara extinguida la cuestión relativa a la falta de previsión de la prejudicialidad civil como causa de suspensión, por desaparición sobrevenida de su objeto.

El Tribunal Constitucional fija qué días se consideran inhábiles en los procesos constitucionales: se aplica la legislación procesal ordinaria. En los recursos de amparo electorales los plazos se cuentan siempre en días naturales. El Tribunal puede actuar en días inhábiles por causa urgente y en incidentes de medidas cautelares.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, planteados por un juzgado en un proceso de ejecución. Las partes en ese proceso pueden personarse en el plazo de 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regula la alerta sanitaria y las medidas para controlar la pandemia de COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y también impugna varios artículos concretos de esa norma.

El Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por posible vulneración de artículos de la Constitución. Quienes sean parte en el recurso de amparo relacionado pueden personarse en el plazo de quince días.

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El Tribunal Constitucional declara nulo el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impedía recurrir ante un juez los decretos de los letrados de la administración de justicia que resolvían un recurso de reposición. La norma se anula por vulnerar el derecho a la tutela judicial sin indefensión y el principio de exclusividad jurisdiccional.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del País Vasco 5/2019, que modificó la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política entre 1978 y 1999. La sentencia interpreta varios preceptos de esa ley autonómica conforme al principio de exclusividad judicial.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre el último párrafo del artículo 238 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la redacción de la Ley 13/2009. Se cuestiona si ese precepto vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y la potestad jurisdiccional.