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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 47 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, por posible contradicción con el artículo 149.1.6.ª de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 47 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía. Un juzgado de Cádiz pregunta si ese artículo choca con la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil recogida en la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley balear 5/2024, que modificaba normas autonómicas en materias como espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda. La sentencia analiza si el decreto-ley justificó la extraordinaria y urgente necesidad y si respetó los límites materiales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo contra varios apartados de la Ley 3/2025, que modifica la Ley 11/2003 sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. El recurso se dirige a los apartados cuatro, cinco, seis y veinticuatro de esa ley.

El Real Decreto excluye de la Red de Carreteras del Estado el tramo de la carretera B-23 entre los puntos kilométricos 0+000 y 6+920 (calzada ascendente) y 0+000 y 7+100 (calzada descendente), en la provincia de Barcelona. Ese tramo pasa a ser titularidad de la Generalitat de Catalunya, que lo incorporará a su catálogo de carreteras.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un inciso de la ley vasca de gestión de la pandemia de covid-19 que extendía a la vacunación el régimen de las pruebas diagnósticas. El recurso se extingue porque ha perdido su objeto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento Vasco 2/2021, de medidas para la gestión de la pandemia de covid-19. Declara nulos los preceptos que habilitan a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, y extiende esa nulidad a otros preceptos por conexión o consecuencia.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendida la Ley 1/2024 de Cantabria, que derogaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria de 2021. La suspensión se acordó al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno y sigue vigente.

Establece el diseño y la estructura de la Oficina Judicial en Aragón para los Tribunales de Instancia que se constituyen el 1 de julio de 2025. Regula los servicios comunes de tramitación y la organización del personal que apoya la función judicial.

Crea las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios de Aragón, agrupando oficinas de municipios limítrofes de un mismo partido judicial. Cada agrupación tiene un municipio cabecera con personal de la Administración de Justicia que atiende a todas las oficinas integradas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados del artículo 7 y una letra de la disposición derogatoria única del Decreto-ley 5/2024 de las Illes Balears, que modifica normas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios artículos y disposiciones de la Ley 5/2024, de Concordia de la Comunitat Valenciana. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados queda suspendida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y anexos del Decreto-ley 4/2025 de la Generalitat Valenciana, que modifica la Ley de la Huerta de València y su plan de ordenación territorial. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 de la Junta de Andalucía, que reformaba la regulación para fomentar la actividad productiva. Anula varios preceptos: los que reforman la Ley del Consejo Audiovisual de Andalucía, los reglamentos sobre suelos contaminados y vertidos, y el decreto de municipio turístico.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de La Rioja de 2023. La norma autonómica declaraba urgente, sin motivación, la tramitación de gastos financiados con fondos europeos de recuperación. El tribunal examina si esa regulación invade competencias estatales sobre contratación pública y procedimiento administrativo.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.1 del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modificaba la Ley de salud pública autonómica. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir límites materiales de los decretos-leyes autonómicos.

El Tribunal Constitucional resuelve la impugnación del Gobierno contra el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña que admitió a trámite una iniciativa legislativa popular sobre la declaración de independencia de Cataluña. La sentencia analiza el deber de inadmisión de iniciativas legislativas populares cuyo contenido no puede tramitarse como iniciativa autonómica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley Foral 19/2022 de Navarra, que regula procesos de estabilización de empleo público temporal. La plantea el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por posible vulneración de los artículos 23.2 y 14 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra un apartado de la Ley 8/2021 de Galicia, que modificó la Ley de salud gallega. La sentencia anula los preceptos autonómicos que habilitaban a órganos de Galicia a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir la reserva de ley orgánica.