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El Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la aplicación del artículo 97 de la Ley de simplificación administrativa de Cantabria, que añade apartados 2, 3 y 4 a la disposición adicional séptima de la Ley de derechos y servicios sociales de Cantabria. El recurso de inconstitucionalidad sigue en tramitación.

Crea y regula el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS), un sistema para recoger y compartir datos e estadísticas sobre servicios sociales entre las administraciones. Fija sus principios y reparte las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Desarrolla en Ceuta y Melilla el procedimiento para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Regula la composición y funciones de los equipos multiprofesionales del Imserso y el procedimiento administrativo, incluida la tarjeta acreditativa.

El Pleno del Tribunal Constitucional levanta la suspensión de varios preceptos de la Ley 5/2024 de Galicia, de medidas fiscales y administrativas, que había sido acordada al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno. Los preceptos impugnados son los apartados 2, 13, 17, 19, 20, 21 y 25 del artículo 30 y el artículo 45.5.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios apartados del artículo 30 y del artículo 45 de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra el artículo 97 de la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, que añade tres apartados a la disposición adicional séptima de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

Regula los requisitos y el procedimiento para que los centros, servicios y entidades privadas que atienden a personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla obtengan la acreditación administrativa. Fija requisitos de calidad, recursos humanos y reglas para la vigencia, renovación y revocación de la acreditación.

Publica un acuerdo para adaptar la asistencia personal y la ayuda a domicilio a las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Define la fase avanzada de la ELA y crea el grado III+ de dependencia, con acceso a una prestación de hasta 9.850 euros.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2025, que establece medidas para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y para cumplir las obligaciones de la Ley 3/2024, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

El Tribunal Supremo estima el recurso de varias asociaciones de empresas de dependencia y anula la disposición final primera del Real Decreto 893/2024, que regulaba la protección de la seguridad y salud en el servicio del hogar familiar. Ordena publicar el fallo en el BOE e imponer las costas a la Administración.

Establece criterios generales para adaptar medios y tiempos y aplicar otros ajustes razonables en los procesos selectivos de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Regula quiénes se benefician, cómo se piden las adaptaciones y cómo se conceden.

Modifica las reglas para conceder traslados a funcionarios de carrera de la Administración General del Estado por discapacidad sobrevenida, agravación de la discapacidad o motivos de salud propios o de familiares a cargo. Concreta cómo se valora la solicitud cuando la persona está de baja médica.

Actualiza la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud modificando sus anexos I, II, III y VI. Incluye cambios en los programas de cribado neonatal y de cáncer, y en la prestación ortoprotésica. Fija plazos para implantar estos programas y adaptar los catálogos.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

Modifica los criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios de dependencia para permitir, en situaciones excepcionales de crisis, contratar personal de atención directa sin la titulación exigida. Se aplica cuando se declare emergencia, alarma, excepción o sitio y no haya demandantes de empleo con titulación en la zona.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo corrige un error en la sentencia de 25 de junio de 2024 sobre el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La corrección anula los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2 en la parte que se aplicaban a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una Administración.