Buscar en el BOE

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los Centros Asociados de la UNED. El objetivo es que la estructura de sus cuentas anuales sea homogénea con la de la UNED, para poder consolidarlas.

Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Establece las condiciones para que los Departamentos Ministeriales envíen de forma centralizada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria las deudas no tributarias que son recursos del presupuesto del Estado, para que esta las cobre en vía ejecutiva. Regula también los intercambios de información entre ambos organismos derivados de esa gestión.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Actualiza el tratamiento contable del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y de las dotaciones al Fondo de Reserva, tras los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 2/2023.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado. Cambia el nombre de una cuenta de primer orden y de cuatro cuentas de segundo orden, y ajusta el contenido de algunas cuentas de las que dependen. El objetivo es que esas cuentas sirvan también para integrar en la contabilidad las operaciones de otros fondos del artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria que realicen actividades aseguradoras, además del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización.

Aprueba los documentos contables específicos del subsistema de avales del Estado dentro del sistema de contabilidad SIC3. Regula cómo se registran las fases de concesión, cancelación y ejecución de los avales, con desglose de importes y por entidad avalada.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Modifica los modelos de la cuenta de gestión que rinden los servicios del exterior del Estado. Añade campos para registrar los traspasos de fondos entre servicios del exterior cuando no se puedan mover fondos desde España a otro país.

Modifica las instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública de la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y remiten los informes de auditoría y cómo se piden los planes de acción para corregir los problemas detectados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2022, que adopta medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior para aplicar las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.

Modifica la Instrucción de contabilidad de las entidades de la Seguridad Social para que registren los gastos vinculados a proyectos del Plan de Recuperación con un código único de proyecto. También incorpora a las mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados al subsistema contable de gastos con financiación afectada.

Actualiza las instrucciones internas para el control financiero permanente que realiza la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y comunican los informes de control y cómo se hace el seguimiento de sus resultados.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Cambia el nombre de algunos indicadores presupuestarios de la memoria de las cuentas anuales para evitar confusión con el «período medio de pago» de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Modifica las normas contables de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal. Permite revertir el deterioro de valor de instrumentos de patrimonio valorados al coste que no cotizan en mercado activo. Añade una subcuenta contable para registrar esa reversión.

Autoriza a ciertos organismos autónomos y entidades públicas que colaboran con la Seguridad Social a usar una cuenta contable nueva, la 111 «Reserva de estabilización», no incluida en el Plan General de Contabilidad Pública. También indica cómo se anota esa cuenta y dónde aparece en el balance.

Aprueba un sistema de firma electrónica no criptográfica para los documentos y trámites de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado. Este sistema lo usan los sistemas de información que gestionan los fondos europeos.

Modifica la norma contable de la Seguridad Social para fijar cómo se registran los inmuebles sanitarios y de servicios sociales cedidos a las Comunidades Autónomas, cuya titularidad sigue siendo estatal. Establece criterios de reconocimiento y valoración de estas cesiones de uso.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.