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Fija el importe de las tasas que se pagan por tramitar autorizaciones administrativas y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería. Adapta estas cuantías al nuevo Reglamento de la Ley de extranjería aprobado en 2024 y sustituye a la orden anterior de 2011.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Aragón contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias. El recurso se dirige también, de forma subsidiaria, contra varios apartados del artículo único y contra las disposiciones adicionales y finales indicadas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Cantabria contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El recurso lo promueve el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica la Orden ISM/680/2022 para agilizar la justificación de gastos en la gestión del sistema de acogida de protección internacional y del programa de atención humanitaria mediante acción concertada. Cambia los artículos 16 y 17 sobre justificaciones periódicas de costes.

El Tribunal Constitucional resuelve una impugnación del Gobierno de España contra varios apartados de un acuerdo del Gobierno de Canarias y una resolución autonómica sobre menores extranjeros no acompañados. La sentencia analiza si esas disposiciones excluyen la protección de estos menores cuando son rescatados en el mar o interceptados en la costa.

Prorroga la validez de las tarjetas de identidad de extranjero expedidas a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania que tienen protección temporal en España. La prórroga se vincula a la extensión de la protección temporal hasta el 4 de marzo de 2026.

Establece cómo prorrogar y renovar las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia y trabajo de personas extranjeras que vivían o trabajaban en municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. También fija el procedimiento para pedir una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas.

Regula el certificado de conductor para el transporte público internacional de mercancías por carretera. Establece cuándo es obligatorio, cómo se expide y su contenido, características y plazo de validez. Deroga la normativa anterior sobre esta materia.

Regula para 2025 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la previsión anual de empleos que se pueden cubrir con personas trabajadoras extranjeras que no residen en España. Establece dos modelos, migración circular (temporada) y migración estable, con ofertas genéricas o nominativas y trámites ordinarios o unificados.

Modifica el artículo 14.5 de la Orden ISM/680/2022 para que el pago anticipado a las entidades que gestionan el sistema de acogida de protección internacional se tramite desde la notificación de la asignación, y no en el último trimestre del año anterior.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una impugnación del Gobierno de la nación contra varios apartados de un acuerdo del Gobierno de Canarias y una resolución sobre menores extranjeros no acompañados. La admisión suspende esas disposiciones desde el 26 de septiembre de 2024.

El Tribunal Supremo estima la cuestión de ilegalidad planteada y anula un inciso del artículo 12 del Reglamento que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia. El inciso anulado exigía que el interesado no hubiera cometido actos incompatibles con la buena conducta cívica hasta ese momento.

Fija en 90 euros las tasas por tramitar las solicitudes de visado de tránsito aeroportuario (tipo A), corta duración (tipo C), expedido en frontera (tipo C) y nacional de larga duración (tipo D). Deroga la Orden AUC/1139/2021 y adapta la norma española al Reglamento de la Unión Europea.

Establece el procedimiento para autorizar la residencia temporal en España de menores saharauis y la estancia de sus monitores durante el verano de 2024, dentro del programa «Vacaciones en Paz». Fija requisitos, plazos y trámites ante las delegaciones del Gobierno y los consulados.

Modifica la Orden ISM/680/2022, que regula la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada. Cambia el periodo de asignación para que no coincida con el año natural y ajusta la planificación y asignación de actuaciones, prestaciones y servicios.

Establece las condiciones para aplicar el Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre readmisión de personas en situación ilegal. Fija las autoridades competentes de España y Georgia, los pasos fronterizos designados y el procedimiento para solicitudes de readmisión y tránsito.