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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2026, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

Fija una lista de subgrupos de clasificación de contratistas de obras en los que, para acreditar la experiencia y asignar categorías, se tendrán en cuenta las obras ejecutadas en los últimos diez años y en el año en curso, en lugar del periodo general de cinco años.

Modifica la norma que regula la declaración sobre la red y el reparto de capacidad en la infraestructura ferroviaria. Adelanta los plazos para solicitar capacidad, impulsa las comunicaciones digitales entre operadores y gestor de infraestructuras y actualiza los criterios de prioridad en tramos congestionados.

Actualiza las cuantías que marcan los umbrales de los contratos del sector público a partir del 1 de enero de 2026, para adaptarlas a los nuevos límites fijados por la Comisión Europea. Afecta a la Ley de Contratos del Sector Público, al Real Decreto-ley 3/2020 y a la Ley 24/2011 de contratos de defensa y seguridad.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Modifica el artículo 15.4 del Acuerdo constitutivo del Fondo Africano de Desarrollo. Suprime el subpárrafo a) y establece que la compra de bienes y servicios se hará mediante licitación internacional abierta a proveedores que cumplan las condiciones, salvo que el Consejo de Administración considere que no está justificada.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula el Real Decreto 667/2023, que creaba la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Unión Sindical Obrera contra el Real Decreto 667/2023, que crea la Comisión Interministerial para incluir cláusulas sociales en la contratación pública. Declara nulo el inciso «más representativas a nivel estatal» del artículo 3.1.e).14.º y rechaza el resto del recurso.

Actualiza las cuantías que determinan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2024, para adaptarlas a los nuevos umbrales fijados por la Comisión Europea. Sustituye varias cifras en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto-ley 3/2020 y en la Ley 24/2011.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el País Vasco contra una orden ministerial sobre el análisis del riesgo de conflicto de interés en procedimientos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018 y estima en parte el recurso de una asociación de autoescuelas. Anula la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y el anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico para la gestión de cursos de reeducación vial. También anula el inciso de la Orden INT/2596/2005 que reservaba esa gestión a centros mediante concesión del Ministerio del Interior.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 3/2022 del Gobierno de Aragón sobre contratación pública. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos en su vigencia y aplicación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra, que modifican la Ley Foral de Contratos Públicos. Se impugnan las nuevas letras l) y m) del artículo 7.1 y una nueva disposición adicional vigesimoprimera.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, que recoge medidas de sostenibilidad económica en el transporte, en becas y ayudas al estudio, y de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia del gas natural.

Modifica el procedimiento de adhesión a la Central de Contratación del Estado para incluir también los sistemas dinámicos de adquisición, además de los acuerdos marco. Las entidades que se adhieran deberán contratar a través de ellos, salvo excepciones justificadas.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.