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Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades públicas y privadas que realicen actividades culturales y turísticas en el casco antiguo de Cuenca. Regula quién puede solicitarlas, qué gastos se cubren, los plazos y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Modifica la Orden HAP/2105/2012, que regula qué información deben enviar las comunidades autónomas y las entidades locales sobre sus cuentas. Añade nuevos datos a remitir, como los planes presupuestarios a medio plazo, los pasivos contingentes ligados a catástrofes y clima y la incidencia en déficit y deuda de determinados organismos y fondos. Incorpora así al derecho interno la Directiva (UE) 2024/1265.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adhesión al Fondo de Ordenación para 2026. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos tienen un mes, ampliable 15 días, para solicitar la adhesión.

Establece el calendario para aplicar los procedimientos de financiación que permiten a ciertas entidades locales cancelar deudas pendientes con proveedores. Regula también el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en esos procedimientos.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas FEDER para desarrollo urbano sostenible. Crea una convocatoria específica para entidades locales de la Comunitat Valenciana afectadas por la DANA y flexibiliza los requisitos de planificación y selección de proyectos para adaptarlos a la reconstrucción.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las exenciones del IBI y las reducciones del IAE del ejercicio 2024 en municipios afectados por la DANA. Los beneficios se aplican a inmuebles dañados y a negocios que tuvieron que realojarse o cerrar temporalmente.

Establece las bases para asignar a entidades locales una senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) destinada a sus Planes de Actuación Integrados de desarrollo urbano sostenible. Regula las solicitudes, la evaluación, la resolución y el seguimiento de estas ayudas en el periodo 2021-2027.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adherirse al Fondo de Ordenación para 2025. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos pueden presentar su solicitud en el plazo de un mes, ampliable en 15 días.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Habilita el sistema para que los ayuntamientos y otras entidades locales soliciten por vía electrónica al Estado la compensación por las cuotas del IBI que dejan de cobrar por la exención reconocida a los centros docentes con concierto educativo.

Establece las normas para que las entidades locales y sus organismos dependientes formulen cuentas anuales consolidadas, que muestren la situación financiera, patrimonial y presupuestaria del grupo. Define qué entidades forman el grupo, cuándo hay obligación de consolidar y qué métodos aplicar.

Fija cómo se reparten 2.000.000 de euros entre municipios con bases militares de Estados Unidos en España y municipios cercanos. El 85 % va a Rota y Arahal, y el 15 % a Carmona y Morón de la Frontera, en proporción a su población.

Establece el procedimiento, el plazo y el formulario para que las entidades locales remitan al Ministerio de Hacienda información económica sobre el servicio de transporte público prestado en 2019. Esta información servirá para determinar una posible concesión directa de subvenciones.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2019, necesaria para calcular su participación en los tributos del Estado de 2021. Fija el 30 de junio de 2021 como fecha límite y elimina la presentación en papel.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar la información sobre su esfuerzo fiscal de 2018 a las Delegaciones de Economía y Hacienda, con datos de recaudación y bases de varios impuestos locales. Fija el 31 de octubre de 2020 como fecha límite y permite presentarla en papel o por vía telemática con firma electrónica.

Establece las instrucciones sobre el contenido, estructura y formato del informe resumen de control interno que elaboran los órganos de control de las entidades locales. También regula cómo solicitar a la Intervención General del Estado el informe previo a la resolución de discrepancias y cómo remitir la información contable y los informes de auditoría de cuentas anuales.