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Aprueba el acuerdo por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco los medios materiales y el personal que gestionan la protección por desempleo. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el acuerdo de la Comisión Mixta.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de cinco propietarios de viviendas unifamiliares en Porto do Son (A Coruña). No fueron llamados al proceso contencioso-administrativo en el que se anularon las licencias urbanísticas de sus parcelas y viviendas, por lo que se vulneró su derecho a la tutela judicial sin indefensión.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios patrimoniales traspasados a Castilla-La Mancha en materia de cultura. Con ello se transfiere la superficie restante de un inmueble y se reduce la deuda de superficie pendiente con la comunidad autónoma.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional aclara qué partes de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia 5/2024 quedan suspendidas por el recurso de inconstitucionalidad 6810-2025. La suspensión afecta a varios apartados del artículo 30 y al apartado cinco del artículo 45, que modifican la Ley 8/2009 de aprovechamiento eólico y la Ley 13/2008 de servicios sociales de Galicia.

Establece un acuerdo de colaboración entre la Diputación de Barcelona y ONU-Hábitat para apoyar la puesta en marcha de los planes de acción de la Agenda Urbana Española y las agendas urbanas locales en ciudades medianas. Se enmarca en la iniciativa «Ciudades que se superan» y en el acuerdo marco de cooperación entre España y ONU-Hábitat.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

Aprueba el modelo informativo que debe presentarse cada doce meses para cada categoría y tipo de arrendamiento de corta duración, en aplicación del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El modelo incluye un listado anonimizado de los arrendamientos constituidos y la identificación de la finalidad temporal del arrendamiento.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de una arrendataria y anula las resoluciones judiciales que suspendieron su lanzamiento aplicando normas pensadas para la ocupación ilegal. Considera que esa aplicación fue irrazonable y vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.

Actualiza los diseños de registro de varios modelos de declaración informativa a la Agencia Tributaria: 195, 199, 182, 193, 184, 282, 345 y 289. Los cambios son ajustes técnicos en campos concretos de esos modelos.

Atribuye el número corto 047 al servicio telefónico «Línea de atención ciudadana en materia de vivienda». El servicio es gratuito, accesible desde todo el Estado y lo presta la Subsecretaría de Vivienda y Agenda Urbana. Ofrece información sobre ayudas a la vivienda, rehabilitación, acceso y alquiler.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025 de las Illes Balears, que regula actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo de las comunidades de propietarios de la Isla de Valdecañas. Confirma que la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la homologación del proyecto urbanístico no vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva ni al juez imparcial.

Publica la lista de zonas de mercado residencial tensionado declaradas en el tercer trimestre de 2025: Astigarraga, Bilbao, Usurbil y Vitoria-Gasteiz (salvo su zona rural). Para cada zona recoge su vigencia, la definición de gran tenedor y si se aplica el límite de precios de alquiler.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para actividades de difusión, fomento e investigación de la arquitectura. Cambia el artículo 10 sobre la dotación de las subvenciones y el artículo 15.1 sobre la modificación de la resolución de concesión.

Actualiza la metodología y los datos del sistema estatal de índices de precios de referencia del alquiler, con nuevos datos del territorio histórico de Gipuzkoa. El sistema se organiza por secciones censales y sirve para fijar el límite máximo de la renta en los nuevos contratos de alquiler de vivienda.

Crea el Consejo Asesor de Vivienda, un órgano consultivo y técnico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Regula su composición, funciones y funcionamiento, y su finalidad es asegurar la participación de agentes sociales en la política estatal de vivienda.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una persona contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas. La sentencia declara nulo de pleno derecho ese real decreto por no ajustarse al ordenamiento jurídico e impone las costas a la Administración General del Estado.