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Establece las condiciones para los servicios aéreos y marítimos en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Regula la formación aeronáutica, los vuelos de instrucción, las actividades de recreo, el transporte marítimo en Canarias y Melilla, el transporte turístico de pasajeros y la navegación de recreo.

Establece exenciones para los pilotos, instructores y examinadores de aeronaves ultraligeras durante la crisis sanitaria del COVID-19. Amplía la validez de los exámenes teóricos, de las habilitaciones de las licencias y de los certificados de examinador.

Amplía la lista de puertos españoles designados como puntos de entrada con capacidad para atender emergencias de salud pública internacional, añadiendo el puerto de Motril. La medida se enmarca en las restricciones de entrada de buques de pasaje por el COVID-19.

Pone fin, desde las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020, a la adjudicación directa a Air Europa del transporte aéreo regular entre Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza. La medida se adopta porque otra compañía comunicó que empezaría a operar esas rutas desde esa fecha.

Pone fin, desde las 00:00 horas del 27 de mayo de 2020, a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo regular en varias rutas del archipiélago canario que prestaba la compañía Binter Canarias. La medida se aplica porque una compañía aérea inicia operaciones bajo las nuevas condiciones de la fase I de la desescalada.

Amplía la lista de puertos españoles designados como puntos de entrada con capacidad para atender emergencias de salud pública internacional. Añade los puertos de Santander y Alicante a los ya previstos en la normativa sobre entrada de buques de pasaje durante la crisis del COVID-19.

Establece medidas urgentes en Cataluña durante la crisis del COVID-19: suspende la ejecución de ciertos contratos públicos, permite mesas de contratación sin presencia física y la tramitación de emergencia, regula la gestión de residuos sanitarios de riesgo y suspende plazos de presentación e ingreso de tributos.

Modifica dos órdenes anteriores sobre el transporte durante la desescalada del COVID-19. Actualiza las instrucciones para usar mascarillas en los medios de transporte y las medidas sobre navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma.

Actualiza las medidas de ordenación de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma por el COVID-19 para adaptarlas al proceso de desescalada. Regula restricciones, traslados de embarcaciones de recreo y agua de lastre, y modifica otra orden anterior.

Amplía el plazo de validez de los certificados de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que vencían durante el estado de alarma por el COVID-19. La prórroga suma 15 días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio del estado de alarma hasta el vencimiento. Para los vehículos agrícolas de labores de campo, la prórroga llega hasta el 10 de noviembre de 2020.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que recoge medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Limita la entrada en España de aviones y barcos de pasajeros a los puntos de entrada designados que cuentan con capacidad para atender emergencias de salud pública internacional. Establece excepciones y fija cuándo empieza a aplicarse.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) amplía cuatro meses la validez de las verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de vuelo. Se aplica a operadores de transporte aéreo comercial con certificado de AESA, con efectos desde el 14 de marzo de 2020.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para reducir el impacto económico del COVID-19. Amplía plazos para presentar declaraciones de impuestos y la cuenta general de 2019, y aplica una exención temporal de tasas portuarias a determinadas navieras.

Concede exenciones para ampliar la validez de licencias, habilitaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores y tripulación de cabina, ante las dificultades de acceso a exámenes y entrenamientos por la crisis del COVID-19.

Establece que las personas que lleguen a España procedentes de otros países deben guardar cuarentena durante el tiempo que fija la norma, mientras dure la crisis sanitaria del COVID-19. La medida se dicta al amparo del estado de alarma y de la legislación de salud pública.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19, sus prórrogas y una orden sobre velatorios y ceremonias fúnebres. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.