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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regulaba la alerta sanitaria y las medidas frente a la covid-19. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos para adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud, y extiende la nulidad a otros preceptos por conexión.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

Establece las características de los certificados sanitarios de vacunación, prueba diagnóstica y recuperación que se aceptan en los viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19. Fija los requisitos y la validez de cada tipo de certificado.

Deja sin efecto la Resolución de 1 de abril de 2022 sobre controles sanitarios en los puntos de entrada de España. Así, se eliminan los controles sanitarios a las personas que llegan desde países no pertenecientes a la Unión Europea o al espacio Schengen. La medida se aplica desde las 00:00 horas del 21 de octubre de 2022.

Modifica la Resolución de 1 de abril de 2022 sobre controles sanitarios en los puntos de entrada a España. Deja sin efecto los apartados octavo y noveno y el anexo I, y cambia el apartado décimo sobre la colaboración de gestores aeroportuarios y portuarios y las obligaciones de las compañías aéreas y navieras.

Modifica la Resolución de 1 de abril de 2022 sobre controles sanitarios en los puntos de entrada a España. Desde su publicación, los controles sanitarios de la COVID-19 se aplican solo a quienes lleguen por vía aérea o marítima desde países fuera de la Unión Europea o no asociados a Schengen.

Actualiza los controles sanitarios en los puntos de entrada a España (aeropuertos y puertos) para prevenir la COVID-19. Los viajeros pueden ser sometidos a control de temperatura, control documental y control visual, y deben disponer de certificado de vacunación, prueba diagnóstica negativa o recuperación.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regula la alerta sanitaria y las medidas para controlar la pandemia de COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y también impugna varios artículos concretos de esa norma.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Modifica el Decreto-ley 41/2020 para que el Departamento de Salud comunique a la dirección de los centros educativos los datos de vacunación contra la COVID-19, además de los resultados de pruebas diagnósticas. La comunicación se hace mediante los sistemas de información establecidos.