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Fija el plazo especial para ingresar las diferencias de cotización que resultan de aplicar las nuevas bases de cotización de 2025 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Esas diferencias se ingresarán en un único plazo, el del mes de febrero de 2026.

Publica el concierto entre MUFACE y dos entidades de seguro (ASISA y SEGURCAIXA ADESLAS) para dar asistencia sanitaria en España a sus beneficiarios durante 2025, 2026 y 2027. También fija mayo de 2025 como mes para elegir entidad, en particular para las personas adscritas a DKV, que no firmó el concierto.

Establece que la emisión y notificación de resoluciones que ponen fin a los trámites de altas y bajas de trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General y en el Régimen Especial para la Minería del Carbón se realicen de forma automatizada mediante medios electrónicos, con el sello electrónico de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Establece cómo se gestionan las bajas médicas, el riesgo por embarazo y el riesgo por lactancia de las personas mutualistas de MUFACE afectadas por la DANA. Permite prorrogar licencias sin partes médicos y mantener el pago del subsidio. También suprime trámites y requisitos de cotización en ciertos casos.

Modifica el acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos para añadir un requisito nuevo en las nóminas del ingreso mínimo vital. Cuando una comunidad autónoma reconoce el derecho a esta prestación, deberá enviar una certificación sobre las resoluciones adoptadas y el detalle de perceptores e importes.

Establece las condiciones para usar un sistema de firma electrónica no criptográfica en los trámites con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La persona se identifica previamente y confirma la firma con un código de un solo uso enviado a su teléfono móvil o correo electrónico.

Determina qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada mediante sello electrónico, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales y qué dirección provincial resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional de Seguridad Social.