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Modifica el Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía en Cataluña y su régimen sancionador para hacer frente a la sequía. Incluye medidas sobre sanciones a entes locales y limitaciones de consumo en alojamientos turísticos.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en materia de vivienda en Cataluña. Regula aspectos como el depósito de fianzas de alquiler y la protección de consumidores en el mercado inmobiliario, entre otros.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la instalación de equipos de mejora de la eficiencia energética o hídrica y de sistemas de energías renovables en edificios en régimen de propiedad horizontal. También cambia el Decreto-ley 10/2020 sobre medidas para personas jurídicas de derecho privado.

Establece medidas extraordinarias para las juntas de propietarios de comunidades en régimen de propiedad horizontal ante el impacto de la COVID-19. Regula la suspensión de la obligación de convocar y celebrar juntas, la prórroga del presupuesto anual y la adopción de acuerdos sin reunión.

Modifica el Código civil de Cataluña para regular la violencia vicaria en las relaciones entre padres e hijos. Cambia los artículos sobre guarda, estancias y relaciones personales cuando hay indicios de violencia machista o familiar. Incluye una disposición sobre expedientes en trámite y su entrada en vigor.

Adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma estatal que sustituye el procedimiento de modificación judicial de la capacidad por procesos de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Regula la asistencia como medida de apoyo y fija reglas transitorias para las medidas ya existentes.

Crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Catalunya para cubrir las reclamaciones que puedan sufrir los empleados públicos y altos cargos por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de su cargo. Regula quién puede acogerse, qué riesgos cubre, las condiciones para solicitarlo y la obligación de devolver lo percibido.

Crea y regula la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que controla el cumplimiento de los requisitos de la ayuda para morir y resuelve reclamaciones. También crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir.

Modifica la Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra para tipificar como infracción determinadas conductas de acoso y para describir los elementos que integran la uniformidad del cuerpo. También suspende la vigencia de los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley del ejercicio de las profesiones del deporte.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece que el Departamento de Justicia debe facilitar al Departamento de Salud los datos identificativos y de contacto del personal que trabaja o colabora en centros penitenciarios y centros educativos de justicia juvenil. El fin es gestionar y hacer seguimiento de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en estas personas.

Modifica el artículo 4 del Decreto-ley 10/2020 para ajustar las medidas extraordinarias sobre el funcionamiento de asociaciones, fundaciones y juntas de propietarios tras el fin del estado de alarma. Regula el cómputo de plazos para reunir sus órganos y adoptar acuerdos.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Establece un régimen sancionador específico en Cataluña para quien incumpla las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19. Regula la inspección, las infracciones y su clasificación, las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.

Establece medidas urgentes para afrontar el impacto del COVID-19 en Cataluña. Incluye recuperar un complemento del personal sanitario, agilizar el destino final de los fallecidos y regular el funcionamiento de entidades deportivas y personas jurídicas.

Establece un régimen transitorio para conceder indemnizaciones y ayudas a mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas, mientras se modifica el Decreto 80/2015. Regula la competencia, las solicitudes y la documentación necesaria.