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Regula la organización y el funcionamiento del Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura. Establece sus funciones, los tipos de perfiles genéticos y datos que guarda, la acreditación de los laboratorios que analizan muestras y el procedimiento para integrar datos y acceder a ellos. También fija reglas de privacidad y seguridad de los datos.

Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.

El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Aclara cómo se acredita ante notario y registrador el seguro decenal obligatorio en las obras nuevas. Permite que el certificado o póliza del seguro esté firmado con firma electrónica cualificada y fija qué requisitos debe cumplir para ser aceptado.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regula medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes empadronados. Se aplica a ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Ana Tárrago Ruiz, Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La concesión se hace a propuesta del Ministro del Interior, tras la deliberación del Consejo de Ministros del 22 de septiembre de 2026.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias asociaciones contra el Reglamento de extranjería de 2024 y anula varios preceptos. Entre ellos, los que impedían a las empresas de trabajo temporal ser titulares de autorizaciones de temporada, exigían que la dependencia económica del ascendiente se diera en el país de origen o denegaban permisos de forma automática por antecedentes penales.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias entidades sociales contra el Reglamento de extranjería de 2024. Confirma la nulidad del artículo 197.2, que imponía la relación electrónica obligatoria en procedimientos de extranjería, y rechaza el resto de peticiones de anulación. Declara terminado el proceso sobre la disposición transitoria 5.ª, ya derogada.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025, de Concordia de Extremadura. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra la Ley 1/2026, de la Comunidad de Madrid, que la habilita para ejercer la acción popular en determinados ámbitos. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la ley queda suspendida.