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Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Publica un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que modifica el Comité Especializado contra el Terrorismo. Añade un vocal del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y actualiza los nombres de las vocalías de los ministerios y organismos que lo integran.

Aprueba el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y ordena su publicación en el BOE. El Plan fija líneas de actuación para evitar que se usen fondos o servicios financieros para fabricar o adquirir armas nucleares, químicas o biológicas.

Establece el diseño y la estructura de la Oficina judicial en el País Vasco para los Tribunales de Instancia que se constituyen el 1 de julio de 2025. Organiza la oficina en un Servicio Común de Tramitación y un Servicio Común General, y regula sus funciones y el personal destinado en ellos.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, que sustituye a la de 2019-2023. La orden publica el acuerdo y su texto como anexo para conocimiento general.

Crea el Comité Antifraude del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. También regula una Unidad de Control Antifraude y grupos de trabajo. El objetivo es prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de interés en los fondos del Plan de Recuperación.

Modifica un acuerdo anterior del Consejo de Ministros sobre actuaciones que complementan el Plan Nacional de Ciberseguridad. Aclara qué medidas se vinculan al Plan de Recuperación y cuáles no, excluye al Departamento de Seguridad Nacional y amplía las actuaciones al ámbito de la justicia.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas económicas para preparar oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. Añade una nueva modalidad de beca que combina una cantidad de dinero con servicios de preparación impartidos por personal docente seleccionado y remunerado.

Establece que los plazos administrativos afectados por el apagón eléctrico generalizado del 28 de abril de 2025 se amplían hasta las 0:00 horas del 6 de mayo de 2025. Se aplica a todo el sector público y se basa en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015.

Autoriza al Patronato de la Fundación Víctimas del Terrorismo a conceder las subvenciones a asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo de la convocatoria de ayudas en colaboración de 2025. La autorización se refiere a la concesión que adopte el Patronato en su reunión del 28 de abril de 2025.

Modifica la Orden PJC/439/2024 para ampliar el ámbito de actuación de la Mesa de Contratación de la Abogacía General del Estado. Elimina la limitación a materias de energías renovables, eficiencia energética y transición ecológica, y añade la exigencia de transferencia previa del crédito necesario.

Modifica las bases del Plan REINICIA AUTO +, que subvenciona la compra de vehículos nuevos y seminuevos para sustituir los destruidos por la DANA de octubre y noviembre de 2024. Permite que las personas herederas de fallecidos por la DANA soliciten la ayuda y que los pagos de la compraventa no los haga obligatoriamente el beneficiario.

Fija el importe económico de las actuaciones de los profesionales de la Abogacía y la Procura en el servicio de asistencia jurídica gratuita, según el Anexo II del Reglamento aprobado por Real Decreto 141/2021. Estos importes se aplican en años sucesivos en función de las dotaciones presupuestarias.

Modifica tres órdenes sobre la colaboración de las entidades de crédito en el cobro de deudas tributarias para la Agencia Tributaria. Ajusta el funcionamiento de los pagos por internet y del servicio de consulta del Número de Referencia Completo (NRC).