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Aclara cómo se inscribe la filiación de los hijos de dos mujeres tras la reforma de la Ley del Registro Civil de 2023. También modifica la instrucción de 2015 sobre la comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Aprueba el modelo 239 para declarar a la Administración tributaria determinados mecanismos de planificación fiscal incluidos en el Acuerdo Multilateral sobre intercambio automático de información. También fija quién debe presentarlo, su contenido, plazo y forma de envío electrónico, y modifica la orden que regula los modelos 234, 235 y 236.

Modifica el procedimiento de notificación de sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Permite notificar el cese de comercialización a través de la herramienta de la agencia europea ECHA y elimina la necesidad de un acuse de recibo del Instituto para cumplir la obligación legal.

Establece cómo deben presentar las formaciones políticas al Tribunal de Cuentas la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales del 23 de julio de 2023. Fija qué documentos contables y justificativos deben remitirse, los plazos y el uso de medios electrónicos.

El Tribunal de Cuentas modifica su acuerdo de 2016 para permitir que los centros que gestionan gastos electorales envíen sus certificados de cuentas por un servicio web, además de por la sede electrónica. También autoriza a la Secretaria General a actualizar los modelos y las especificaciones técnicas.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por el País Vasco contra varios artículos del Reglamento de actuación del sector público por medios electrónicos. El conflicto se extingue porque ha perdido su objeto de forma sobrevenida.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Establece que las personas que soliciten becas del Ministerio de Justicia para preparar oposiciones deben hacer todos los trámites por medios electrónicos: presentar la solicitud, aportar documentos y responder a requerimientos. Cada convocatoria indicará el medio electrónico, los sistemas de identificación y firma admitidos y cómo actuar ante fallos técnicos.

España ratifica un tratado para enviar por vía electrónica, a través de la plataforma Iber@, las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. Incluye un reglamento que fija cómo se financia esa plataforma.

Regula cómo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla deben presentar por vía electrónica al Tribunal de Cuentas su Cuenta General y la información sobre su control interno, a partir del ejercicio 2021.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Modifica el procedimiento para participar por internet en las subastas de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El cambio principal es que la Agencia Tributaria pasa a emitir el Número de Referencia Completo (NRC) necesario para constituir el depósito, en lugar de generarlo las entidades de crédito.

Habilita Cl@veJusticia como sistema de identificación y firma electrónica para ciudadanos y profesionales que se relacionen telemáticamente con los órganos judiciales y demás órganos de la Administración de Justicia, y fija las condiciones de uso.

Modifica la normativa que ordena el Boletín Oficial del Estado para regular la publicación del Tablón Edictal Judicial Único. Este tablón electrónico reúne en un solo lugar las resoluciones y comunicaciones judiciales que antes se publicaban en tablones y boletines oficiales distintos.

Aprueba las normas técnicas para incluir la representación gráfica de inmuebles (planos y coordenadas) en los documentos notariales. Busca que la descripción escrita del inmueble coincida con la descripción gráfica del Catastro.