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Modifica la estructura orgánica de varios ministerios. Cambia la organización básica de los departamentos ministeriales y la del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la del Ministerio de Juventud e Infancia. Suprime órganos y reparte competencias entre ellos.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2024, de concordia de la Comunitat Valenciana, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Modifica la Orden PJC/439/2024 para ampliar el ámbito de actuación de la Mesa de Contratación de la Abogacía General del Estado. Elimina la limitación a materias de energías renovables, eficiencia energética y transición ecológica, y añade la exigencia de transferencia previa del crédito necesario.

Crea la Comisión Nacional para organizar los actos del V Centenario del Consejo de Estado en 2026. La comisión diseña, planifica y coordina los eventos y actividades conmemorativas. Es un órgano colegiado interministerial de la Administración General del Estado.

Modifica varios reglamentos sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia. Actualiza el estatuto del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, el régimen de ingreso y provisión de puestos, la Policía Judicial y la Comisión Nacional de Estadística Judicial.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del Parlamento de Cataluña 1/2022, que modificaba normas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Anula varios preceptos autonómicos por invadir competencias estatales sobre condiciones básicas de igualdad, legislación procesal y obligaciones contractuales.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

Modifica la orden que crea el Comité Antifraude del Ministerio de Industria y Turismo. Actualiza el nombre del comité, cambia su composición para adaptarla a la nueva estructura del ministerio y permite que personas expertas participen en sus sesiones con voz pero sin voto.

Aprueba el Reglamento de la Abogacía General del Estado, que regula su organización, sus competencias y su forma de funcionar. Sustituye al Reglamento del Servicio Jurídico del Estado de 2003 y desarrolla la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica al Estado.

Crea el Comité Antifraude del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Este comité se encarga de prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el uso de los fondos europeos del Plan de Recuperación. La orden regula sus funciones, composición y forma de funcionamiento.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 1012/2022, que fijaba la estructura de la Abogacía General del Estado y regulaba la inspección de sus servicios y su personal. Como consecuencia, anula ese real decreto y anula en parte varios preceptos del Real Decreto 1040/2022.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Eleva a veinte años el tiempo exigido en la carrera judicial para ser magistrado del Tribunal Supremo y regula la excedencia voluntaria de jueces y magistrados que accedan a cargos públicos o políticos.

Modifica la orden que creó el Comité Antifraude del antiguo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para adaptar su composición a la nueva estructura ministerial. El comité pasa a depender del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Crea el Comité Antifraude del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como órgano colegiado. Establece su composición, sus funciones de diseño, seguimiento, evaluación y revisión de la estrategia contra el fraude, y su régimen de funcionamiento.