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Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Establece el procedimiento para sustituir cargos representativos locales (concejales, alcaldes pedáneos, consejeros comarcales y diputados provinciales) cuando quedan vacantes por renuncia, fallecimiento o pérdida del cargo. Regula cómo se designa al sustituto, cómo se expide la credencial y cómo se toma posesión.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Ayuntamiento de Lucena del Puerto contra el Real Decreto que concedía subvenciones directas a los Ayuntamientos de Lepe y Moguer para erradicar asentamientos irregulares de temporeros. Anula ese real decreto y ordena iniciar un proceso de concurrencia competitiva para conceder las ayudas.

Modifica la Ley 4/2014 de transportes terrestres de las Illes Balears para regular los servicios de taxi y de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) de hasta nueve plazas. Establece condiciones de explotación y suspende nuevas autorizaciones.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

Modifica la Ley del juego y las apuestas de las Illes Balears y el Reglamento de casinos. También cambia otras normas sobre prestaciones sociales, presupuestos, proyectos industriales, educación y reconocimiento de discapacidad y dependencia.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos tras la jurisprudencia constitucional. La sentencia concluye que el Gobierno justificó suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adaptó la Ley de Haciendas Locales a su jurisprudencia sobre el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos (plusvalía municipal). La sentencia analiza si la norma cumple los límites del decreto-ley.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Modifica la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y el libro quinto del Código civil de Cataluña. Permite a ayuntamientos y comunidades de propietarios actuar cuando grandes tenedores no desocupan viviendas ocupadas ilegalmente y esto altera la convivencia vecinal.

Concede una subvención directa al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para financiar la exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista en las fosas del Cementerio Parroquial de Colmenar Viejo. Regula la entidad beneficiaria, las actuaciones, la cuantía, el pago, la justificación y el control de la subvención.

La Instrucción aclara que los avales que las agrupaciones de electores presentan para las elecciones municipales pueden recogerse mediante firma electrónica. El representante debe comunicar a la Junta Electoral el sistema de firma y verificación utilizado, con sello o marca de tiempo.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según tramos de población. Se aplica a municipios de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Constitucional anula el apartado 2 del artículo 60 de la Ley valenciana 6/2014, que permitía entender estimada por silencio administrativo una solicitud de licencia ambiental cuando el ayuntamiento no respondía en seis meses. El tribunal considera que ese precepto invade competencias del Estado sobre procedimiento administrativo y protección ambiental.

Regula la concesión directa de una subvención a la Cruz Roja Española para poner en marcha un sistema de prevención, detección precoz y atención a personas con riesgo de conducta suicida. Se enmarca en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos artículos de la Ley catalana de ordenación del litoral que daban a los ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el dominio público marítimo terrestre. La sentencia analiza si esos preceptos invaden competencias del Estado sobre costas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal por la venta de terrenos urbanos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal sobre el impuesto municipal por la venta de terrenos urbanos.