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Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de las oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes empadronados. Se aplica a ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Modifica la norma que regula vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas. Actualiza estas medidas para adaptarlas a los cambios recientes en el régimen de permisos del personal público, en especial el permiso de nacimiento y cuidado y las medidas de conciliación.

Modifica el modelo 718 del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas para que los contribuyentes no residentes en España puedan aplicar el límite de la cuota íntegra, igual que los residentes. Adapta el modelo a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Económico-Administrativo Central.

Modifica la lista de países y territorios considerados jurisdicciones no cooperativas (antes llamados paraísos fiscales). Actualiza esa relación para reflejar cambios en transparencia y tributación. Incluye una regla transitoria para tributos cuyo periodo impositivo no había terminado al entrar en vigor.

Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

Retrasa la fecha en la que los operadores deben empezar a bloquear los mensajes SMS/MMS/RCS que usen un alias (nombre remitente) no inscrito en el Registro de Alias de la CNMC. La obligación estaba prevista para el 7 de junio de 2026 y se aplaza para permitir terminar la carga de alias en uso.

Modifica la composición del Comité Antifraude del Ministerio de Industria y Turismo para añadir a la persona titular de la Vicesecretaría General Técnica, con voz y voto. El Comité se encarga de prevenir el fraude en el uso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Crea el Comité de Integridad y Antifraude del Ministerio de Sanidad y regula cómo se compone, qué funciones tiene y cómo funciona. Sustituye al anterior Comité Antifraude y se enmarca en el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.

Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.

Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Publica un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que modifica el Comité Especializado contra el Terrorismo. Añade un vocal del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y actualiza los nombres de las vocalías de los ministerios y organismos que lo integran.

Aprueba el Plan Nacional contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y ordena su publicación en el BOE. El Plan fija líneas de actuación para evitar que se usen fondos o servicios financieros para fabricar o adquirir armas nucleares, químicas o biológicas.

Establece el diseño y la estructura de la Oficina judicial en el País Vasco para los Tribunales de Instancia que se constituyen el 1 de julio de 2025. Organiza la oficina en un Servicio Común de Tramitación y un Servicio Común General, y regula sus funciones y el personal destinado en ellos.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, que sustituye a la de 2019-2023. La orden publica el acuerdo y su texto como anexo para conocimiento general.

Crea el Comité Antifraude del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. También regula una Unidad de Control Antifraude y grupos de trabajo. El objetivo es prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de interés en los fondos del Plan de Recuperación.

Modifica un acuerdo anterior del Consejo de Ministros sobre actuaciones que complementan el Plan Nacional de Ciberseguridad. Aclara qué medidas se vinculan al Plan de Recuperación y cuáles no, excluye al Departamento de Seguridad Nacional y amplía las actuaciones al ámbito de la justicia.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas económicas para preparar oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado. Añade una nueva modalidad de beca que combina una cantidad de dinero con servicios de preparación impartidos por personal docente seleccionado y remunerado.