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Autoriza a determinados organismos y entidades del sector público institucional estatal a concertar operaciones de crédito extraordinarias hasta unos importes máximos fijados para cada uno. Esta autorización es adicional e independiente de los límites de endeudamiento de la Ley de Presupuestos vigente.

Regula cómo se devuelven al Tesoro Público los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuando no se gasta el dinero o no se cumplen los objetivos previstos. Fija las causas, quién tramita el reintegro, las garantías y cómo se cobran las deudas.

Actualiza las cuantías del anexo V de la Ley 31/2022 para el sostenimiento de centros concertados de Ceuta y Melilla. Incluye subidas del 0,5 % desde el 1 de enero de 2024, del 2,5 % desde el 1 de enero de 2025 y del 1,5 % desde el 1 de enero de 2026.

Establece medidas urgentes para agilizar la valoración y el reconocimiento de la dependencia en Cataluña. Crea la tramitación prioritaria y abreviada, el abono de un importe mínimo desde el reconocimiento del grado y refuerza los equipos de valoración.

Establece medidas en Canarias para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Incluye rebajas fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario para productos energéticos y alimentos, devoluciones de impuestos sobre combustibles a agricultores y transportistas, y ayudas al sector industrial y primario.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentación del proceso.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al calcular el coste máximo de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en 2026, para ajustarlas a la previsión de ingresos tributarios de ese año. También regula planes económico-financieros, el destino del superávit local de 2025 y modifica varias normas de régimen local.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad de Aragón y anula el Real Decreto 662/2024, que regulaba la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado y modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La norma queda sin efecto por no ser conforme a Derecho.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra un apartado de una ley de La Rioja sobre medidas fiscales de apoyo al medio rural. El recurso se dirige al precepto que regula un tributo propio o cedido de esa comunidad.

Actualiza los modelos para presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sustituye la referencia al CNAE 2009 por el CNAE 2025, adapta la nota 12 de la memoria a la exención fiscal de la Ley 7/2024 e incluye un modelo de información por países del impuesto de sociedades.

Actualiza los modelos para presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales consolidadas. Sustituye la referencia al CNAE 2009 por el CNAE 2025, adapta la nota 19 de la memoria a la exención fiscal de la Ley 7/2024 y añade un modelo de información sobre el impuesto de sociedades por países.

Aprueba los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para establecimientos permanentes y entidades extranjeras con presencia en España, para periodos impositivos iniciados en 2025. Fija la forma de presentación, el pago y el plazo, y regula la presentación electrónica.

Declara varios eventos culturales, deportivos y científicos como acontecimientos de excepcional interés público. Esto permite aplicar incentivos fiscales al mecenazgo previstos en la Ley 49/2002 para las actuaciones que apoyen su celebración.

Modifica la organización del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria. Cambia el reparto de funciones entre sus unidades y traslada la Unidad de Coordinación de Contenidos de la Sede electrónica y de la Intranet al Gabinete de la Dirección General. También regula la composición y funciones de las Dependencias Regionales de Relaciones Institucionales.