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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Crea una vocalía adicional en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que pasa a tener seis vocales. El tribunal resuelve recursos especiales en materia de contratación pública de la Administración General del Estado, siete comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Modifica las bases de las becas para preparar las pruebas de acceso, por promoción interna, a los Cuerpos Especiales del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Permite que cada organismo gestione sus becas de forma independiente y aclara la relación entre las becas y las ofertas de empleo público.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adhesión al Fondo de Ordenación para 2026. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos tienen un mes, ampliable 15 días, para solicitar la adhesión.

Concede a varios ayuntamientos, diputaciones y a la Comunidad de Murcia la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas desde el 1 de enero de 2025. Acepta renuncias y revoca delegaciones anteriores. También modifica la Orden HFP/147/2022 sobre informes en modificaciones presupuestarias.

Actualiza las sedes electrónicas del Ministerio de Hacienda y las adapta a la normativa vigente. Fija qué sedes electrónicas dependen del Punto de Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado y cuáles se alojan en la Sede Electrónica Central.

Establece qué actuaciones de los Tribunales Económico-Administrativos se pueden hacer de forma automática por medios electrónicos y cómo se firman con un código seguro de verificación (CSV). También fija qué órganos se encargan de definir, mantener y controlar esos sistemas y quién responde si se impugnan.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda. Fija sus órganos superiores y directivos, como las secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, y sus direcciones generales. También regula la administración territorial de Economía y Hacienda y la Secretaría General de Fondos Europeos.

Fija las instrucciones para pagar al personal del Sector Público Estatal un aumento complementario del 0,5 % de sus retribuciones, con efectos desde el 1 de enero de 2023. El pago se hace en la nómina de febrero de 2024 y los atrasos desde enero de 2023 se abonan según el caso de cada empleado.

El Consejo de Ministros aprueba una subida adicional del 0,5 % en las retribuciones del personal del sector público para 2023. Se aplica porque el crecimiento del PIB nominal de 2023 superó la previsión del Gobierno. La Resolución publica ese Acuerdo en el BOE.

Reorganiza los ministerios del Gobierno: fija la lista de 22 departamentos ministeriales y cambia nombres y competencias de algunos, como Hacienda, Transformación Digital y Función Pública, Derechos Sociales e Igualdad. También suprime varios órganos y adscribe los organismos públicos a los nuevos ministerios.