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El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de Cataluña, que sube el tipo de gravamen del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La sentencia examina si ese decreto-ley respetó los límites de la Constitución y del Estatuto de Cataluña.

Modifica el anexo II de una resolución anterior para incluir todos los puertos de interés general de las islas Canarias entre los puertos eximidos de aplicar ciertas obligaciones del Reglamento de la UE sobre combustibles renovables e hipocarbónicos en el transporte marítimo. La exención se basa en que Canarias es una región ultraperiférica de la Unión Europea.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de la Generalitat de Cataluña, que regula medidas tributarias y financieras urgentes. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

La Dirección General de la Marina Mercante establece exenciones temporales a la aplicación del Reglamento europeo sobre combustibles renovables e hipocarbónicos en el transporte marítimo. Las exenciones afectan a puertos y rutas concretos de pasajeros distintos de los cruceros y a rutas con regiones ultraperiféricas.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica en Navarra la regulación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. En los gases fluorados, el impuesto pasa a gravar la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular, en lugar de la venta al consumidor final.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

Mantiene para 2021 y de forma indefinida la tarifa del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se aplicaba en 2020. También modifica el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y crea una exención en la tasa de la pesca fresca.

Modifica la convocatoria de ayudas a municipios para zonas de bajas emisiones y transporte urbano sostenible. Amplía el plazo para certificar el inicio de las licitaciones hasta el 15 de junio de 2022 y fija una penalización por retraso.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece las bases para dar ayudas a los municipios que implanten zonas de bajas emisiones y modernicen digitalmente el transporte urbano. También aprueba la convocatoria de estas ayudas para 2021, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Amplía en 21 millones de euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. De esa cantidad, 15 millones se asignan a Galicia y 6 millones a Navarra. El presupuesto total del programa pasa a 377.944.906 euros.

Modifica el Real Decreto 263/2019, que regula las ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. El programa busca reducir emisiones de dióxido de carbono y consumo de energía final. Las ayudas se conceden a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla, que las reparten entre las empresas.