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Modifica varias normas para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables. Fija objetivos de reducción de emisiones para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y regula la verificación de la sostenibilidad de estos combustibles.

Modifica los anexos I, II y III del Real Decreto 309/2022, que regula la compensación de costes indirectos de emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en el precio de la electricidad. Actualiza la lista de sectores industriales expuestos a riesgo de fuga de carbono y los parámetros del mecanismo para el periodo 2021-2030.

La ley establece el marco de la acción climática en Galicia: fija objetivos, órganos de gobernanza, planes y estrategias, e integra la perspectiva climática en la contratación, las ayudas, los presupuestos y la educación. También regula la meteorología, la climatología y la calidad del aire.

Establece las bases para conceder ayudas directas a proyectos españoles seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) en el esquema «Subasta como Servicio», dentro del futuro Banco de Descarbonización Industrial. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Next Generation EU.

Modifica el Real Decreto 1089/2020, que regula el ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030. Actualiza así las normas que aplican en España el régimen europeo de comercio de derechos de emisión.

Regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, un fondo público sin personalidad jurídica adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica. Establece sus objetivos, las actuaciones que puede financiar, cómo se compran créditos de carbono y cómo se organiza y gestiona.

Establece las bases reguladoras del programa MOVES Flotas Plus, que da ayudas para electrificar flotas de vehículos ligeros. Las ayudas se financian con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación. Regula quién puede pedirlas, qué costes se subvencionan, cuánto se concede y cómo se solicita, justifica y cobra.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 2 del Decreto-ley 4/2022 de Cataluña, que sube el tipo de gravamen del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. La sentencia examina si ese decreto-ley respetó los límites de la Constitución y del Estatuto de Cataluña.

Estas enmiendas añaden el mar Mediterráneo a las zonas de control de emisiones de óxidos de azufre y materia particulada del Convenio MARPOL. La zona queda delimitada por las costas de Europa, África y Asia, con coordenadas concretas en el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Canakkale y el canal de Suez.

Aprueba enmiendas al anexo VI del Convenio MARPOL sobre contaminación de buques. Permiten acuerdos regionales de instalaciones de recepción en aguas del Ártico, añaden el punto de inflamación a la nota de entrega de combustible y actualizan los datos de consumo de fueloil que se envían a la base de datos de la OMI.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Fija el valor medio nacional de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la electricidad consumida por motocicletas y vehículos eléctricos. Ese valor es 81,5 gCO2eq/MJ y deben usarlo los sujetos obligados al notificar sus emisiones.

Modifica el anexo II de una resolución anterior para incluir todos los puertos de interés general de las islas Canarias entre los puertos eximidos de aplicar ciertas obligaciones del Reglamento de la UE sobre combustibles renovables e hipocarbónicos en el transporte marítimo. La exención se basa en que Canarias es una región ultraperiférica de la Unión Europea.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.

Establece cómo se organiza España para elaborar y comunicar los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. Regula el inventario nacional, las proyecciones, las políticas y medidas, y los informes que se envían a la Unión Europea y a organismos internacionales.