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Crea la Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional dentro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La unidad coordina la actuación de la inspección frente al fraude en desplazamientos temporales de trabajadores entre países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.

Prorroga hasta el 16 de septiembre de 2020 la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países Schengen por la COVID-19. Además, actualiza la lista de países cuyos residentes quedan exentos de la restricción y retira a Marruecos de esa lista.

Actualiza los criterios para limitar los viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y al espacio Schengen por razones de orden público y salud pública durante la crisis de la COVID-19. Incluye la lista de países cuyos residentes quedan exentos y las categorías de personas exentas, y permite cerrar puestos de entrada habilitados.

Establece los criterios para limitar la entrada a España desde terceros países por razones de orden público y salud pública durante la crisis del COVID-19. Incluye un listado de países cuyos residentes quedan exentos de la restricción y nuevas categorías de personas exentas, y permite cerrar puestos fronterizos habilitados.

Establece los criterios para denegar la entrada a España desde terceros países por razones de orden público y salud pública durante la crisis del COVID-19. También prevé el cierre de puestos habilitados en las fronteras.

Prorroga los criterios para denegar la entrada a España desde terceros países por razones de orden público y salud pública durante la crisis del COVID-19. También permite cerrar puestos habilitados de entrada.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Prorroga los criterios para restringir los viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y a los países asociados Schengen. La medida se aplica por razones de orden público y salud pública durante la crisis del COVID-19.

Establece qué documentos pueden usar los tripulantes de los buques para acreditar su condición y poder circular durante el estado de alarma por el COVID-19. También regula su acceso a los alojamientos turísticos.

Prorroga hasta el 15 de mayo de 2020 la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen. Fija qué personas quedan exentas de la denegación de entrada y mantiene el cierre temporal de los puestos terrestres de Ceuta y Melilla.

España ratifica el Acuerdo de colaboración y cooperación reforzadas entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Kazajistán, firmado en Astaná el 21 de diciembre de 2015. El Acuerdo regula el diálogo político, el comercio, la cooperación económica y otras áreas entre las partes.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para incluir el reconocimiento automático de cualificaciones profesionales obtenidas en Croacia antes del 8 de octubre de 1991. Con ello completa la incorporación de la Directiva europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.