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El Congreso convalida el Real Decreto-ley 19/2026, que regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Illes Balears. La convalidación mantiene vigente esta norma.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Cáceres sobre el artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia. La inadmisión se debe a que el juez no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

Modifica el régimen de los contratos de relevo para que el personal laboral de las Administraciones Públicas pueda acceder a la jubilación parcial anticipada. También regula indemnizaciones por residencia en Illes Balears.

Regula las finanzas de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2026 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. Fija los aumentos de sueldo de 2025 y 2026 del personal público, actualiza las pensiones y el indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

Fija el umbral salarial que debe cumplir el contrato de trabajo de quien solicita la autorización de residencia como profesional altamente cualificado con Tarjeta azul-UE. El umbral se calcula como 1,4 veces la ganancia media anual bruta por trabajador que publica el Instituto Nacional de Estadística en la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2023.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, que aprueba medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal la subida del 2,5 % de 2025. El aumento tiene efectos desde el 1 de enero de 2025 y se abona en la nómina de diciembre, con los atrasos del año. Indica cómo se solicitan los atrasos según la situación de cada empleado.

Aprueba subidas salariales para el personal del sector público. Fija un aumento consolidable del 2,5 % en 2025 y del 1,5 % en 2026, con un 0,5 % adicional en 2026 si el IPC llega al 1,5 %.

Establece las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal un aumento adicional del 0,5 por ciento en sus retribuciones, con efectos desde el 1 de enero de 2024. El pago se hará en la nómina de julio de 2025, junto con los atrasos correspondientes.

El Consejo de Ministros aprueba subir un 0,5 % adicional las retribuciones del personal del sector público, con efectos desde el 1 de enero de 2024. Esta subida se aplica porque la suma de la variación del IPCA de 2022, 2023 y 2024 superó el aumento fijo acumulado de esos años.

Modifica la Orden INT/1390/2007 para actualizar la indemnización que cobra el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participa en misiones policiales, de paz, humanitarias o de evacuación en el extranjero. Añade nuevos destinos donde se aplica esa indemnización.

Establece la organización y el régimen de personal de las Oficinas de Justicia en los municipios y sus agrupaciones, que sustituyen a los juzgados de paz. Regula su constitución, la dotación de personal, el funcionamiento de las agrupaciones y la dependencia del personal. Modifica varios reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que extiende mejoras voluntarias de la Seguridad Social a situaciones de maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia. Se cuestiona por posible vulneración de los artículos 14 y 39.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 3 del Decreto-ley 2/2018 de Extremadura, que regula mejoras voluntarias de la Seguridad Social para el personal de la Junta. Se cuestiona si ese inciso vulnera el artículo 14 de la Constitución, sobre igualdad.

Modifica varias normas de Seguridad Social y de empleo público para mejorar la protección de las personas que donan en vivo órganos o tejidos para trasplante. Ajusta la normativa para reconocer y proteger la situación de estas personas donantes.

Modifica el artículo 25 de la Ley de Presupuestos del País Vasco de 2024 para permitir pagar incrementos retributivos al personal de los centros educativos concertados que superen las cuantías fijadas en los módulos económicos. Estos incrementos deben venir de acuerdos con el Departamento de Educación para equiparar gradualmente sus retribuciones con las del personal de la enseñanza pública no universitaria.