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Fija la jornada de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas) y en 37,5 horas semanales para quienes tengan dedicación especial. Regula también el calendario laboral anual y el servicio de guardia.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial (MUGEJU), que gestiona la asistencia sanitaria y social del personal de la Administración de Justicia. Regula su estructura central y provincial, sus órganos de gobierno y participación, y su régimen económico, presupuestario, de contratación y de personal. También modifica el Reglamento del Mutualismo Judicial.

Establece la organización y el régimen de personal de las Oficinas de Justicia en los municipios y sus agrupaciones, que sustituyen a los juzgados de paz. Regula su constitución, la dotación de personal, el funcionamiento de las agrupaciones y la dependencia del personal. Modifica varios reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia.

Modifica las instrucciones de jornada y horarios de la Administración de Justicia para que los funcionarios que hayan hecho una guardia ordinaria puedan descansar el mismo día en que termina o en los tres días laborables siguientes, en los mismos supuestos que los Letrados de la Administración de Justicia.

Modifica varios reglamentos sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia. Actualiza el estatuto del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, el régimen de ingreso y provisión de puestos, la Policía Judicial y la Comisión Nacional de Estadística Judicial.

El Consejo General del Poder Judicial adapta la regulación de la reducción de jornada de los miembros de la Carrera Judicial por cuidado de hijos o personas acogidas. Fija hasta qué edad se puede mantener ese derecho y en qué casos se prolonga.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Crea una Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para el personal de la Administración de Justicia no transferido. También modifica el anexo sobre número de miembros y composición de las mesas delegadas.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Activa la fase 3 del Plan de Desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 9 de junio de 2020. Esta fase busca alcanzar el 100% del trabajo de los efectivos de cada centro de destino, con criterios sobre turnos de tarde, teletrabajo y personal de especial sensibilidad.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.