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Acuerdo entre Argentina y España para que España reconozca los títulos de la gente de mar formada en Argentina. La Dirección General de la Marina Mercante expide refrendos de los certificados de competencia argentinos, tras la confirmación del Comité de Seguridad Marítima de la OMI.

El acuerdo permite que España reconozca, mediante refrendo, los títulos y certificados de competencia de la gente de mar formada en México. México comunicó en 2024 su intención de terminarlo, por lo que dejará de tener efectos el 29 de julio de 2027.

España y Perú acuerdan que la Dirección General de la Marina Mercante española reconozca los títulos de la gente de mar formada en Perú mediante un refrendo. El reconocimiento requiere que la OMI confirme que Perú cumple el Convenio STCW 78/95 sobre formación y titulación marítima.

España y Uruguay acuerdan reconocerse mutuamente los títulos de competencia y certificados de suficiencia de la gente de mar, expedidos según el convenio STCW 78 enmendado. El reconocimiento permite a los marinos trabajar en buques registrados por la otra parte.

Establece las condiciones para que España emita refrendos de la bandera española a títulos de la gente de mar expedidos por Cuba, conforme al Convenio STCW. Regula las visitas de comprobación, la verificación de títulos y el aviso de retiradas o revocaciones entre las autoridades marítimas de ambos países.

Establece el reconocimiento mutuo de la formación y titulación de la gente de mar entre España y Chile. La Dirección General de la Marina Mercante española expide refrendos de los certificados de competencia chilenos, y se fijan las condiciones de control, inspección y comunicación entre ambas administraciones.

España y Ecuador acuerdan reconocerse mutuamente los títulos de la gente de mar (títulos de competencia y certificados de suficiencia) conforme a la regla I/10 del Convenio STCW. El reconocimiento se formaliza con un refrendo de títulos que permite trabajar a bordo de buques de la bandera de cualquiera de las dos partes.

Regula cómo se reconocen en España los títulos y certificados profesionales de quienes trabajan en la navegación interior en aguas no marítimas. Crea el título de Patrón de Aguas Interiores no marítimas y regula su expedición, el registro de títulos, la libreta de servicio y el diario de navegación. Incorpora al derecho español varias directivas europeas sobre estas cualificaciones.

Establece la estructura orgánica básica de los 22 departamentos ministeriales, fijando los órganos superiores y directivos de cada uno. Desarrolla la reestructuración ministerial previa y regula la subsistencia de órganos, adscripciones y régimen transitorio.

Establece el reconocimiento mutuo entre España y Cabo Verde de los títulos de capitán, oficial y radiooperador, y de los certificados de suficiencia de la gente del mar, conforme al Convenio STCW. Fija las autoridades competentes de cada país y el procedimiento para verificar la autenticidad de los títulos.

España y Filipinas acuerdan reconocerse mutuamente los títulos de la gente de mar, conforme al Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978. Cada país podrá refrendar los títulos expedidos por el otro.

Regula la concesión directa de una subvención a la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) para que sus buques admitan alumnos de Marina Mercante en prácticas durante 2020. Las prácticas a bordo son un requisito para obtener el título profesional de marina mercante.

Este real decreto actualiza y unifica las normas de seguridad que se aplican a las actividades de buceo en España. Regula las modalidades y técnicas de buceo, las condiciones generales de seguridad, los requisitos de formación y salud, y la intervención de la Administración Marítima.

Autoriza que la formación marítima teórica se imparta a distancia y «on line» mientras dure el estado de alarma por el COVID-19. Se dirige a los centros públicos y privados que dan esta formación y a quienes necesitan obtener o renovar títulos y certificados marítimos.

Establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, fijando sus órganos directivos hasta el nivel de Dirección General. Regula también los gabinetes, la delegación de competencias y medidas de coordinación entre ministerios.