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La ley regula el fomento del asociacionismo en Cataluña. Define qué es el asociacionismo y establece medidas de apoyo a asociaciones, fundaciones, plataformas ciudadanas y grupos sociales. También crea la Agencia Catalana de Fomento del Asociacionismo y regula la coordinación entre administraciones.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

La ley reconoce el escultismo y el guidismo en Cataluña y a la Federación Catalana de Escultismo y Guidismo como entidad que representa este movimiento. Regula el uso de su terminología y símbolos y establece medidas de fomento por parte de la Generalitat.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Modifica la Ley del Síndic de Greuges para que su mandato dure seis años en lugar de nueve. El síndico o síndica no puede ser reelegido.

Modifica la Ley de la Oficina Antifraude de Cataluña para reducir de nueve a seis años el mandato de su director o directora, sin posibilidad de reelección. El cambio no se aplica a quien ya ocupaba el cargo antes de la entrada en vigor.

Modifica el artículo 4 de la Ley 10/2014, que regula las consultas populares no referendarias en Cataluña. Permite al presidente de la Generalitat y al Gobierno promover y convocar consultas que afecten a más de un municipio, comarca o veguería.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Adapta el Código Civil de Cataluña a la reforma estatal que sustituye el procedimiento de modificación judicial de la capacidad por procesos de provisión de medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Regula la asistencia como medida de apoyo y fija reglas transitorias para las medidas ya existentes.

Crea y regula la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que controla el cumplimiento de los requisitos de la ayuda para morir y resuelve reclamaciones. También crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en Cataluña. Fija en qué ámbitos se aplica (trabajo, educación, salud, vivienda, cultura, deporte, entre otros) y crea un organismo para proteger y promover ese derecho. También establece infracciones y sanciones.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Modifica varias leyes de vivienda de Cataluña para impulsar la promoción de vivienda con protección oficial y regular nuevas modalidades de alojamiento en alquiler. Cambia el Decreto-ley 17/2019, la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, la Ley de urbanismo y la Ley 11/2020 de contención de rentas.

Deja sin efecto la convocatoria de las elecciones al Parlamento de Cataluña previstas para el 14 de febrero de 2021, por la crisis sanitaria de la COVID-19. La norma fija los efectos de esa decisión y su entrada en vigor.

La ley regula la actuación de los poderes públicos de Cataluña ante la desaparición forzada de menores. Reconoce derechos a las víctimas, como el derecho a la verdad, a la tutela judicial y a la reparación. Crea una oficina de atención a las víctimas y bases de datos de afectados y de identificadores de ADN.

Establece ayudas económicas urgentes para las entidades del tercer sector social de Cataluña, con el fin de afrontar el aumento de gastos causado por la pandemia de COVID-19. Regula quién puede recibirlas, los requisitos, la solicitud, la cuantía y la financiación.

Crea un fondo extraordinario para ayuntamientos y otros entes locales y habilita al Consejo Catalán del Deporte para dar ayudas a instalaciones deportivas afectadas por la suspensión de apertura al público. También modifica el Decreto-ley 41/2020 sobre medidas sociales en centros educativos y actividades de ocio.