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Prorroga el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2 y fija su nueva duración. Mantiene medidas como limitar la circulación nocturna, restringir entradas y salidas entre territorios y limitar grupos de personas.

Atribuye al consejero de Interior de la Generalidad la competencia para tramitar y resolver las sanciones por incumplir la normativa del estado de alarma denunciadas por los cuerpos policiales en Cataluña. Incluye también la resolución de los recursos administrativos que se presenten.

Actualiza las medidas de ordenación de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma por el COVID-19 para adaptarlas al proceso de desescalada. Regula restricciones, traslados de embarcaciones de recreo y agua de lastre, y modifica otra orden anterior.

Modifica los límites de deuda con la Seguridad Social para aplazar pagos y para no exigir garantías. Eleva los importes que fijan qué órgano concede cada aplazamiento y sube las cuantías por debajo de las cuales no se piden garantías.

Permite que miembros de las Fuerzas Armadas conduzcan y trasladen cadáveres durante el estado de alarma por el COVID-19, cuando lo pidan las autoridades competentes. La medida dura mientras esté vigente el estado de alarma y sus prórrogas.

Permite que, de forma temporal y excepcional, se impartan y evalúen a distancia asignaturas de la enseñanza militar de formación que antes tenían restricciones. También faculta a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa a fijar el nivel mínimo de conocimientos para pasar de curso o egresar.

Establece instrucciones sobre transporte por carretera y aéreo durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite que las tarjetas de cualificación de conductores (CAP) sigan vigentes aunque no puedan renovarse, y regula la apertura de oficinas de alquiler de vehículos sin conductor y las condiciones de uso de ciertos transportes terrestres de viajeros.

Crea y organiza los órganos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: dos secretarías de estado, varias direcciones generales y la subsecretaría. También modifica el real decreto que fija la estructura básica de todos los ministerios.

Reorganiza la Presidencia del Gobierno y fija qué órganos la componen, como el Gabinete del Presidente, la Secretaría General, la Secretaría de Estado de Comunicación y dos altos comisionados. También detalla las funciones de cada uno y crea una Oficina Nacional de Prospectiva y un Comité de Dirección.

Crea doce Subsecretarías en los ministerios de nueva creación y suprime siete Subsecretarías de ministerios anteriores. También fija cómo se mantienen las delegaciones de competencias, el personal y los servicios comunes hasta que se complete la nueva organización.