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Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Crea un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal y fija las reglas para inscribirse en él. Establece normas de conducta para los grupos de interés, un informe de huella normativa y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley Electoral para que Ibiza y Formentera sean circunscripciones separadas en las elecciones al Senado. Formentera elige su propio senador y deja de compartir circunscripción con Ibiza.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica la Ley de Memoria Democrática para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia. También cambia la Ley del IRPF y un real decreto sobre el abono de indemnizaciones.

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales durante emergencias. Permite limitar temporalmente los precios cuando una emergencia altere la oferta y la demanda. Incluye medidas para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

España ratifica cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden como crímenes de guerra el uso de armas biológicas o toxinas, de armas con fragmentos no detectables por rayos X, de armas láser que causen ceguera permanente y el uso del hambre contra la población civil como método de guerra.

Aprueba medidas urgentes para la recuperación tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye préstamos y avales del ICO, apoyo a la industria y el turismo, aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas frente a inundaciones y subvenciones al sector cultural.

Modifica la Ley 39/2006 de dependencia para adaptar la asistencia personal y la ayuda a domicilio a las necesidades de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Incluye una supervisión y atención continuada especializada 24 horas en la fase avanzada y regula el reparto de fondos adicionales.

España ratifica el Protocolo n.º 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este Protocolo permite que los tribunales superiores de un país pidan opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. España designa al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo como los órganos que podrán hacer esas consultas.

Añade a la Ley de Asociaciones una nueva causa de disolución: que un juez disuelva una asociación por hacer apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado de 1936, la dictadura o a sus dirigentes, con menosprecio a las víctimas o incitación al odio contra ellas.

Autoriza a España a ratificar cuatro enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden supuestos de crímenes de guerra: uso de armas biológicas, de fragmentos no detectables por rayos X y láser cegadoras, y hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.

España acepta una enmienda al Convenio de la Comisión Económica para Europa de la ONU sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en medio ambiente. La enmienda añade un artículo sobre la participación del público antes de autorizar la diseminación voluntaria en el medio ambiente y la comercialización de organismos modificados genéticamente.

Aprueba un conjunto de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y de apoyo a colectivos vulnerables. Incluye ayudas directas al transporte público, descuentos en abonos y títulos multiviaje, y medidas sobre pensiones, empleo y vivienda.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.