Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

I

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, ya señalaba en su parte expositiva que el conocer la trayectoria de nuestra Democracia, desde sus orígenes a la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y las mujeres de España en la lucha por las libertades y la Democracia es un deber ineludible que contribuirá a fortalecer nuestra sociedad en las virtudes cívicas y los valores constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la Democracia y la libertad.

De este modo, dentro del objeto de la citada ley se encuentra el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Y, por otra parte, sitúa entre los fines de las políticas de memoria Democrática el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la Democracia.

Asimismo, a los efectos de dicha ley se considera víctima a toda persona que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el mencionado periodo. Y entre ellas, se cita a las personas fallecidas como consecuencia de la Guerra y la Dictadura, así como a aquellas que sufrieron daños como consecuencia de la lucha sindical y las actividades de oposición a la Dictadura.

Por otra parte, la derogada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, ya previó el derecho a una indemnización en favor de todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la Democracia y que no habían recibido hasta entonces la compensación debida. Sin embargo, en su artículo 10 se contempló dicho reconocimiento únicamente a favor de personas fallecidas en defensa de la Democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977.

Así, el resultado de dicho proceso apenas alcanzó a la cuarta parte de las solicitudes presentadas, y ha planteado dudas a lo largo de este tiempo acerca de si dicho alcance cubrió todos los supuestos, que a la luz de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, puedan considerarse adecuados para el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la Democracia en nuestro país, perdiendo incluso su vida. En este contexto, es obvio que el marco temporal entonces previsto resulta inferior al periodo establecido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, que se extiende hasta la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978.