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El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo. Esta norma aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Aragón contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias. El recurso se dirige también, de forma subsidiaria, contra varios apartados del artículo único y contra las disposiciones adicionales y finales indicadas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Cantabria contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El recurso lo promueve el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica la Orden ISM/680/2022 para agilizar la justificación de gastos en la gestión del sistema de acogida de protección internacional y del programa de atención humanitaria mediante acción concertada. Cambia los artículos 16 y 17 sobre justificaciones periódicas de costes.

Modifica la Ley de extranjería para establecer un mecanismo de derivación de personas menores de edad extranjeras no acompañadas entre comunidades y ciudades autónomas. Regula un Plan de respuesta solidaria ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria y fija plazos para aprobar sus criterios y aplicarlo.

Establece cómo prorrogar y renovar las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia y trabajo de personas extranjeras que vivían o trabajaban en municipios afectados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. También fija el procedimiento para pedir una autorización de residencia por circunstancias excepcionales sobrevenidas.

Regula el certificado de conductor para el transporte público internacional de mercancías por carretera. Establece cuándo es obligatorio, cómo se expide y su contenido, características y plazo de validez. Deroga la normativa anterior sobre esta materia.

Regula para 2025 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la previsión anual de empleos que se pueden cubrir con personas trabajadoras extranjeras que no residen en España. Establece dos modelos, migración circular (temporada) y migración estable, con ofertas genéricas o nominativas y trámites ordinarios o unificados.

Aprueba el reglamento que desarrolla la ley sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España. Regula la entrada y salida del país, los visados, la estancia, la residencia temporal y de larga duración, el trabajo, los menores extranjeros y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica el artículo 14.5 de la Orden ISM/680/2022 para que el pago anticipado a las entidades que gestionan el sistema de acogida de protección internacional se tramite desde la notificación de la asignación, y no en el último trimestre del año anterior.

El Tribunal Supremo estima la cuestión de ilegalidad planteada y anula un inciso del artículo 12 del Reglamento que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia. El inciso anulado exigía que el interesado no hubiera cometido actos incompatibles con la buena conducta cívica hasta ese momento.

Modifica la Orden ISM/680/2022, que regula la gestión del sistema de acogida de protección internacional mediante acción concertada. Cambia el periodo de asignación para que no coincida con el año natural y ajusta la planificación y asignación de actuaciones, prestaciones y servicios.

Regula para 2024 la gestión colectiva de contrataciones en origen, es decir, la contratación de trabajadores extranjeros que no residen en España. Establece dos modelos: migración circular (trabajos de temporada con retorno) y migración estable (residencia y trabajo por cuenta ajena).

Modifica la Orden INT/859/2023 para actualizar la estructura y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía. El cambio se refiere a la gestión y coordinación de los dos puntos de contacto nacionales con la Guardia Europea de Fronteras y Costas.