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Establece medidas urgentes en Canarias sobre vivienda protegida: regímenes, precios máximos, superficie, duración de la protección y derechos de tanteo y retracto. También regula el visado de autorizaciones de transporte por carretera y exenciones de cánones en puertos autonómicos.

Establece el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para la importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19. La medida se aplica con independencia de quién compra o importa y de la fase de producción o comercialización, salvo la fase minorista exenta.

Establece una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la COVID-19 en Canarias. Va dirigida a personas que cobran pensiones no contributivas, el Fondo de Asistencia Social, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Prestación Canaria de Inserción. Regula su cuantía, pago, financiación y beneficiarios.

Modifica la Ley 4/2014 que regula el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), un impuesto indirecto que grava la producción local y la importación de determinados bienes en Canarias. El cambio se hace mediante un artículo único que altera esa ley.

Prorroga la vigencia del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir el COVID-19. También modifica el apartado 2 del artículo único del Decreto-ley 8/2020, que estableció ese tipo cero.

Modifica la Ley 1/2007 que regula la Prestación Canaria de Inserción para coordinarla con el Ingreso Mínimo Vital estatal. Ajusta requisitos y trámites de la prestación canaria y prevé la cesión de datos de sus perceptores a la Seguridad Social.

Establece las condiciones de acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia de COVID-19. También modifica la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y la Ley de actividades clasificadas y espectáculos públicos.

Prorroga hasta el 30 de abril de 2021 el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir el COVID-19. También modifica normas autonómicas sobre tasas, precios públicos y tributos.

Establece un tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario para la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. La medida es temporal y se aplica cuando los importadores o adquirentes son entidades públicas, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social.

Modifica el Decreto ley 6/2020 de Canarias, que creó el Ingreso Canario de Emergencia y flexibilizó la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción para personas en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. El cambio se aprueba mediante un artículo único y una disposición final sobre su entrada en vigor.

Modifica el Decreto-ley 4/2020 de Canarias, que recoge medidas económicas, fiscales y administrativas para afrontar la crisis del COVID-19. El cambio afecta al artículo 3, sobre ayudas para el sostenimiento del empleo y apoyo social, en particular a autónomos.

Aprueba un programa de ayudas para la recuperación de la hostelería, el turismo, el comercio y otros sectores afectados por la COVID-19 en Extremadura, y establece medidas tributarias urgentes, como bonificaciones en tasas de juego, caza y turismo.

Establece los límites para aplicar el régimen simplificado y el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Modifica la Ley 4/2012 para coordinar estos regímenes con el método de estimación objetiva del IRPF. Fija un plazo para comunicar a la Agencia Tributaria Canaria la inclusión en estos regímenes.

Modifica el Decreto-ley 11/2020, que creó un régimen sancionador específico para los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. La norma adapta ese régimen a la nueva situación sanitaria y al nuevo estado de alarma.

Modifica el régimen sancionador de las Illes Balears para la COVID-19 y regula los contratos de patrocinio institucional. Aclara que también son infracción la comercialización, organización y publicidad de reuniones o fiestas que puedan causar aglomeraciones.

Establece una compensación económica extraordinaria para las empresas concesionarias del transporte público regular de personas por carretera en las Illes Balears. La medida busca paliar la caída de demanda sufrida por estas concesiones a causa de la COVID-19. Regula también el procedimiento para solicitar y tramitar esa compensación.

Modifica el régimen transitorio para cobrar determinadas prestaciones sociales de las Illes Balears, cambia el régimen sancionador por incumplir normas de la COVID-19 y ajusta las exigencias de personal en las residencias de personas mayores.

Establece un régimen de infracciones y sanciones en las Illes Balears para castigar el incumplimiento de las normas dictadas para frenar la crisis de la COVID-19. Fija qué conductas se consideran leves, graves o muy graves, las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Modifica la Ley de salud pública de Extremadura para establecer un régimen de sanciones por incumplir las medidas de salud pública adoptadas durante la COVID-19 u otras epidemias. Incluye una disposición adicional que cambia el Decreto-ley 12/2020 y regula la colaboración con otras administraciones durante la crisis.