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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula el Real Decreto 667/2023, que creaba la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 625/2023, que aprobaba la oferta de empleo público de 2023, y anula su anexo II. El motivo es que ese anexo no respeta los porcentajes de reparto de plazas entre acceso libre y promoción interna en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de una funcionaria y declara que se vulneró su derecho a la tutela judicial sin indefensión al excluir de la tasación de costas los honorarios de su abogado. El caso se refiere a un procedimiento en el que la intervención de letrado no era obligatoria.

El Tribunal Constitucional estima un recurso de amparo porque los tribunales ordinarios no investigaron suficientemente una denuncia de lesiones y malos tratos en prisión. Anula las resoluciones que archivaron el caso y ordena que se practiquen las diligencias necesarias.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo sobre la información que la madre recibió de la exploración judicial de su hija menor en un procedimiento sobre la evaluación y tratamiento psicológico de la menor. Confirma que la madre conoció las manifestaciones más relevantes de la menor.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un interno y declara que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. La Audiencia Nacional anuló un auto firme que le había concedido la progresión de grado penitenciario, usando el incidente de nulidad de actuaciones por un motivo que ninguna parte había invocado.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un hombre absuelto y luego condenado en apelación. Anula la sentencia de la Audiencia Provincial que había revocado la absolución y ordena que se celebre un nuevo juicio ante otro juez.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de seis diputados del Parlamento de Cataluña contra los acuerdos de la mesa que permitieron votar por vía telemática a un diputado. La sentencia analiza si esos acuerdos vulneraron el derecho de los diputados a ejercer sus funciones representativas.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de un diputado del Parlamento de Cataluña contra los acuerdos de la mesa que permitieron el voto telemático de otro diputado. La sentencia aprecia vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley de la Junta de Andalucía 8/2022, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía. La sentencia avala que la norma de urgencia está justificada y que la concesión autonómica de autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) no invade competencias estatales ni la autonomía local.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma balear que obliga a reservar con 30 minutos de antelación los servicios de alquiler de vehículos con conductor. Declara nulo ese precepto por vulnerar la libertad de empresa.

El Tribunal Constitucional anula varios artículos del Decreto-ley 1/2023 del Gobierno de Aragón sobre transición energética y consumo de cercanía. El motivo es que la norma de urgencia no justificó de forma suficiente la extraordinaria y urgente necesidad exigida para aprobar un decreto-ley.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de un diputado que votó de forma telemática y luego quiso cambiar su voto a presencial en la convalidación de la reforma laboral de 2021. La sentencia analiza si se vulneró su derecho al ejercicio del cargo representativo.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Maestrazgo Distribución Eléctrica SLU contra la Orden TED/749/2022. Anula parcialmente la orden en el cálculo de las cantidades reconocidas como ROMNLAE de 2015, 2016 y 2017 e IBO de 2015. Ordena a la Administración recalcular la retribución de esa empresa y pagar la diferencia con intereses legales.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias empresas eléctricas contra la Orden TED/1315/2022, que regula las subastas de combustible y los valores de referencia para instalaciones eléctricas en territorios no peninsulares. Declara contrarios a derecho varios puntos sobre las fechas de aplicación de los precios de referencia y de la retribución por costes de logística, y anula el inciso sobre el coste de puesta en puerto del gas en Canarias y Melilla.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 1012/2022, que fijaba la estructura de la Abogacía General del Estado y regulaba la inspección de sus servicios y su personal. Como consecuencia, anula ese real decreto y anula en parte varios preceptos del Real Decreto 1040/2022.

El Tribunal Supremo estima la cuestión de ilegalidad planteada y anula un inciso del artículo 12 del Reglamento que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia. El inciso anulado exigía que el interesado no hubiera cometido actos incompatibles con la buena conducta cívica hasta ese momento.