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Modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, que regula los vehículos al final de su vida útil. Actualiza las excepciones a la prohibición de usar plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en componentes de automóviles, para incorporar dos directivas europeas de 2020.

Establece cómo se comprueban las existencias de coral rojo almacenadas antes de la veda y cómo se controla su primera venta durante los próximos cinco años. Los pescadores deben justificar sus cantidades y los servicios de inspección las pesan y etiquetan.

Actualiza la lista de medicamentos considerados esenciales para tratar a pacientes de COVID-19 durante la crisis sanitaria. Los fabricantes y titulares de autorización de estos medicamentos deben informar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre sus existencias y suministros.

Modifica el Reglamento de Armas para adaptarlo a las directivas europeas sobre control de adquisición y tenencia de armas de fuego. Incluye reglas sobre marcado de armas y componentes, armas de alarma y señalización, y medidas para evitar la reactivación de armas inutilizadas.

Establece las bases para dar ayudas a los pescadores y empresas pesqueras que tuvieron que parar su actividad por la pandemia de COVID-19. También convoca estas ayudas para el primer tramo de 2020 y modifica normas sobre organizaciones pesqueras y pesca recreativa.

Establece los requisitos técnicos para conectar a la red eléctrica las instalaciones de generación, las instalaciones de demanda y los sistemas de alta tensión en corriente continua. Desarrolla en España los códigos de red de conexión de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Generalitat de Catalunya contra la Orden que fijaba los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas y la retribución de actividades reguladas para 2018. Declara nulo el artículo 5 de esa orden e impone las costas a las partes demandada y codemandadas.

Modifica la Circular 3/2020 para ampliar el plazo que tienen las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad para adaptar sus equipos de medida, sistemas de facturación y contratos a la nueva estructura de peajes de transporte y distribución. El nuevo plazo termina el 1 de abril de 2021.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación Empresarial Multisectorial CECOT contra la Orden ETU/1283/2017, que fija los peajes y cánones de acceso a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para 2018. Declara nulo el artículo 5 de esa orden y rechaza el resto de pretensiones, sin imponer costas.

Modifica el Real Decreto 1363/2018, que regula las ayudas del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2019-2023. Elimina los importes máximos nacionales de las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedos y a la replantación tras arranque obligatorio, para que los fijen las comunidades autónomas. También corrige erratas y hace cambios técnicos en varios artículos y anexos.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Fija la lista de medicamentos considerados esenciales para gestionar la crisis sanitaria del COVID-19, identificados por principio activo, dosis y vía de administración. También fija cómo deben comunicar los titulares de autorizaciones de comercialización sus datos de existencias a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Designa a la autoridad notificante en España y fija las obligaciones para aplicar el Reglamento europeo sobre productos fertilizantes UE. Regula cómo se evalúan, notifican y supervisan los organismos que comprueban la conformidad de estos productos con el marcado CE.

Aplica en España las medidas de la Unión Europea para paliar la crisis del vino por la COVID-19. Incluye ayudas a la destilación de crisis, al almacenamiento privado de vino y a la cosecha en verde de la vendimia de 2020, y fija una norma de comercialización y cambios en las declaraciones obligatorias.