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Modifica la estructura orgánica de los ministerios y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Refuerza la Secretaría de Estado de Migraciones para atender a las personas desplazadas de Ucrania que solicitan protección temporal en España.

Modifica la norma que regula la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Excluye los contratos de emergencia de la Junta y cambia quién designa a una vocalía de la Mesa.

Crea y organiza la Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital, un órgano de cooperación entre administraciones públicas. Regula su naturaleza, funciones, composición, presidencia, secretaría, grupos de trabajo y régimen jurídico y económico.

Modifica varios reales decretos sobre la Seguridad Social para adaptar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de Inclusión. Actualiza el reparto de competencias en incapacidades laborales y en la gestión de prestaciones, y suprime funciones informáticas de la Secretaría General.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios traspasados a la Comunidad de Madrid en materia de asistencia sanitaria. Con ello, la Comunidad de Madrid asume la prestación farmacéutica complementaria a las personas afectadas por el síndrome tóxico.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Crea y regula el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital, un registro público del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Establece los requisitos y el procedimiento para inscribirse, las obligaciones de las entidades inscritas y los requisitos de los certificados que emiten.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para actuaciones de inclusión social, con un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Establece las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos financiables, las cuantías y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

Modifica la norma que regula la Junta de Contratación y la Mesa Única de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Excluye de la Junta los contratos tramitados por el procedimiento abierto simplificado del artículo 159.6 y permite que los vocales suplentes sean funcionarios del grupo A1 con nivel 28 o superior.

Regula el Consejo General de Administración Digital de la Seguridad Social: sus funciones, su composición y su Comisión Técnica. También suprime órganos anteriores y actualiza las referencias a la nueva denominación.

Crea la Comisión Interministerial de Coordinación para el funcionamiento cohesionado del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula su naturaleza, composición, funciones y régimen de funcionamiento.

Reorganiza los ministerios del Gobierno. Crea el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Política Territorial, y suprime el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Fija la lista de 22 departamentos ministeriales.

Crea una oficina de asistencia en materia de registros dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta oficina ayuda a los ciudadanos a usar medios electrónicos: identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020, que trasladaba la gestión de las clases pasivas del Estado al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La sentencia declara nulos los preceptos que modifican ese régimen de gestión por no justificarse la urgencia exigida al decreto-ley.

Modifica la estructura orgánica de los ministerios y la del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Reorganiza la Secretaría de Estado de Migraciones con nuevas subdirecciones generales y suprime órganos. No aumenta el gasto público.

Crea la Comisión Asesora de Estudios del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y regula el Programa anual de Estudios del departamento. La comisión coordina y asesora sobre los estudios e investigaciones que realiza el ministerio.