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Concede una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar su plan de formación para el empleo del personal de la Administración local. La norma fija la entidad beneficiaria, el importe, el pago, las obligaciones y la forma de justificar el gasto.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el Euríbor que fija el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales usan esta tabla para calcular el límite de coste de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al calcular el coste máximo de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adherirse al Fondo de Ordenación para 2025. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos pueden presentar su solicitud en el plazo de un mes, ampliable en 15 días.

La ley regula en Aragón la protección civil y la gestión de emergencias. Ordena cómo se organizan las administraciones, los planes de prevención y respuesta, la formación y el voluntariado, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula en la Comunidad de Madrid el paso a un modelo de economía circular: reducir residuos, reutilizar y reciclar materiales. Establece la planificación y las competencias, medidas para empresas y contratación pública, cadenas de valor prioritarias y el régimen de residuos, inspección y sanciones.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos máximos y diferenciales máximos sobre el euríbor que pueden aplicar las comunidades autónomas y entidades locales en sus operaciones de endeudamiento. Estos límites sirven para cumplir el principio de prudencia financiera.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos que las comunidades autónomas y entidades locales deben respetar al endeudarse, para que el coste de sus operaciones no supere el coste de financiación del Estado al plazo medio correspondiente.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos disposiciones adicionales de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial de origen se personen.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que sirven para calcular el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al firmar operaciones de endeudamiento y derivados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación en justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Esta ley aplica al municipio de Badajoz el régimen de organización de los municipios de gran población previsto en la Ley 7/1985. Badajoz es capital de provincia y su Ayuntamiento lo solicitó por unanimidad. La ley entra en vigor al día siguiente de su publicación.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que sirven para calcular el coste máximo de las operaciones de endeudamiento de comunidades autónomas y entidades locales. Los datos se recogieron el 3 de abril de 2024.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al calcular el coste máximo de sus operaciones de endeudamiento y derivados.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para que los ayuntamientos comuniquen al Instituto Nacional de Estadística (INE) los cambios del padrón municipal en tiempo real, en lugar de cada mes. También prevé la interconexión entre los padrones y el INE.

Actualiza la tabla de tipos de interés fijos y diferenciales máximos sobre el euríbor que marca el coste de financiación del Estado. Las comunidades autónomas y entidades locales deben usar estos límites al pedir préstamos para cumplir el principio de prudencia financiera.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.