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Aprueba las tarifas que la Secretaría General de Administración Digital pagará a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por servicios técnicos y de seguridad en la gestión del registro de eventos de las notificaciones electrónicas y la dirección electrónica habilitada.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Establece el calendario para aplicar los procedimientos de financiación que permiten a ciertas entidades locales cancelar deudas pendientes con proveedores. Regula también el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en esos procedimientos.

Modifica la norma que crea la sede electrónica de la Agencia Tributaria para crear una sede electrónica asociada, la Oficina Virtual del Personal. Este canal sirve para que el personal de la Agencia Tributaria acceda a información y servicios de recursos humanos y reciba notificaciones electrónicas.

Establece las condiciones para usar un sistema de firma electrónica no criptográfica en los trámites con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La persona se identifica previamente y confirma la firma con un código de un solo uso enviado a su teléfono móvil o correo electrónico.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Establece cómo deben presentar las formaciones políticas al Tribunal de Cuentas la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales del 23 de julio de 2023. Fija qué documentos contables y justificativos deben remitirse, los plazos y el uso de medios electrónicos.

El Tribunal de Cuentas modifica su acuerdo de 2016 para permitir que los centros que gestionan gastos electorales envíen sus certificados de cuentas por un servicio web, además de por la sede electrónica. También autoriza a la Secretaria General a actualizar los modelos y las especificaciones técnicas.

Habilita hacer trámites y presentar solicitudes y documentos con la Seguridad Social por teléfono e internet, usando sistemas de identificación como certificados electrónicos, Cl@ve, códigos enviados al móvil, videoconferencia o datos biométricos. Sustituye a la resolución de 25 de mayo de 2021.

Establece cómo las comunidades autónomas deben enviar al Ministerio para la Transición Ecológica los datos de los certificados de eficiencia energética de edificios. Fija el contenido mínimo de esa información y dos formas de remisión: publicación en datos abiertos o envío en formato XML mediante la aplicación EVADINE.

Regula cómo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla deben presentar por vía electrónica al Tribunal de Cuentas su Cuenta General y la información sobre su control interno, a partir del ejercicio 2021.