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Fija la jornada de trabajo de los Letrados de la Administración de Justicia en 35 horas semanales de promedio anual (1.512 horas) y en 37,5 horas semanales para quienes tengan dedicación especial. Regula también el calendario laboral anual y el servicio de guardia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.

Modifica las instrucciones de jornada y horarios de la Administración de Justicia para que los funcionarios que hayan hecho una guardia ordinaria puedan descansar el mismo día en que termina o en los tres días laborables siguientes, en los mismos supuestos que los Letrados de la Administración de Justicia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2024, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.

Modifica el procedimiento para participar por internet en las subastas de bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. El cambio principal es que la Agencia Tributaria pasa a emitir el Número de Referencia Completo (NRC) necesario para constituir el depósito, en lugar de generarlo las entidades de crédito.

Habilita Cl@veJusticia como sistema de identificación y firma electrónica para ciudadanos y profesionales que se relacionen telemáticamente con los órganos judiciales y demás órganos de la Administración de Justicia, y fija las condiciones de uso.