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Modifica la normativa que ordena el Boletín Oficial del Estado para regular la publicación del Tablón Edictal Judicial Único. Este tablón electrónico reúne en un solo lugar las resoluciones y comunicaciones judiciales que antes se publicaban en tablones y boletines oficiales distintos.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. La ampliación responde a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Crea una Magistratura de enlace en Bruselas ante las autoridades de Bélgica, también acreditada en Países Bajos y Luxemburgo, y suprime la Magistratura de enlace en Italia. La nueva oficina depende del Ministerio de Justicia y no aumenta el gasto público.

Crea 33 unidades judiciales para hacer frente a la acumulación de procedimientos provocada por la pandemia de COVID-19. Modifica la planta judicial, dota plazas de magistrado en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales, y crea, transforma y renombra juzgados.

Regula cómo se eligen las candidaturas que España propone para jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, miembros del Tribunal General y jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fija la convocatoria pública, los requisitos y un comité de selección.

El Real Decreto amplía la jurisdicción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras para que también atienda los partidos judiciales de La Línea de La Concepción y San Roque. Así, estos asuntos dejan de estar en juzgados que los compatibilizan con otras materias penales.