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Establece las bases reguladoras de las ayudas para pescadores enrolados en buques pesqueros españoles cuya actividad se paraliza temporalmente durante el periodo 2021-2027. Las ayudas se financian con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) y se gestionan por el Instituto Social de la Marina y por la Subdirección General de Acuicultura, Comercialización Pesquera y Acciones Estructurales.

Establece el procedimiento para que el personal civil de la Red sanitaria militar (hospitales y otros centros) pueda integrarse en la condición de personal estatutario. Regula quién puede hacerlo, los requisitos, los órganos competentes, el procedimiento y los efectos de la integración.

Establece un coeficiente reductor del 0,20 para adelantar la edad de jubilación de los agentes forestales y medioambientales al servicio de las administraciones públicas. Regula cómo se calcula el tiempo trabajado y los efectos de esta reducción.

Modifica el Real Decreto 383/2008 para incluir a los bomberos forestales entre quienes pueden jubilarse con coeficiente reductor de edad. También adapta el cómputo del tiempo trabajado y las referencias normativas a la Ley General de la Seguridad Social vigente.

Amplía en tres semanas el permiso de nacimiento y cuidado, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento. Garantiza el mantenimiento de los ingresos ordinarios durante esas tres semanas y aumenta la duración del permiso en las familias monoparentales. Modifica el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de la Seguridad Social.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y servicios para ejecutar la legislación laboral del Estado sobre autorizaciones iniciales de trabajo, por cuenta propia o ajena, de personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en el País Vasco.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estas funciones se suman a las ya transferidas por el Real Decreto 895/2011.

Regula cómo se pide y se reconoce la compensación económica para las víctimas del amianto, creada por la Ley 21/2022. Fija quiénes pueden cobrarla, cómo se solicita el certificado de patologías y cómo el Instituto Nacional de la Seguridad Social tramita, resuelve y paga la compensación.

Regula el procedimiento previo para decidir en qué grupos o actividades profesionales se permite anticipar la edad de jubilación aplicando coeficientes reductores. Estos supuestos son trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres con altos índices de morbilidad o mortalidad. También se aplica a los trabajadores autónomos.

Regula cómo se pide y se decide incluir nuevas enfermedades o patologías en la lista que permite adelantar la jubilación a personas con un 45 % o más de discapacidad. Solo las asociaciones y organizaciones de afectados pueden pedir esa inclusión, y una comisión técnica estudia y valora cada solicitud.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente. Antes de extinguir el contrato de una persona con incapacidad permanente total, la empresa debe intentar ajustes razonables en el puesto de trabajo.

Establece que la emisión y notificación de resoluciones que ponen fin a los trámites de altas y bajas de trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General y en el Régimen Especial para la Minería del Carbón se realicen de forma automatizada mediante medios electrónicos, con el sello electrónico de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Regula para 2025 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la previsión anual de empleos que se pueden cubrir con personas trabajadoras extranjeras que no residen en España. Establece dos modelos, migración circular (temporada) y migración estable, con ofertas genéricas o nominativas y trámites ordinarios o unificados.

Declara activado el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo para el sector de fabricación de vehículos de motor. Este mecanismo permite medidas de flexibilidad interna, como reducir la jornada o suspender contratos, ante cambios excepcionales del sector.

Modifica la Orden PJC/51/2024, que desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2024. Ajusta la fracción de cuota que se entrega a las mutuas para financiar la incapacidad temporal por contingencias comunes.

Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo del artículo 10.3 del Real Decreto-ley 38/2020. Esa medida permite a ciudadanos de la Unión Europea que residen en España y se desplazan a diario a Gibraltar para trabajar acceder a las prestaciones por desempleo con las cotizaciones acreditadas en Gibraltar.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Modifica la Ley General de la Seguridad Social para regular la compatibilidad entre cobrar la pensión de jubilación y seguir trabajando. Incluye cambios en la jubilación parcial y la jubilación flexible, y prevé evaluar esas modificaciones.

Modifica varias normas de Seguridad Social y de empleo público para mejorar la protección de las personas que donan en vivo órganos o tejidos para trasplante. Ajusta la normativa para reconocer y proteger la situación de estas personas donantes.