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Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que pone en marcha el quinto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020, por 15.500 millones de euros. El Ministerio avala préstamos de entidades financieras a pymes, autónomos, grandes empresas, sector turístico y compra de vehículos de transporte profesional.

Establece medidas urgentes en Cataluña durante la crisis del COVID-19: suspende la ejecución de ciertos contratos públicos, permite mesas de contratación sin presencia física y la tramitación de emergencia, regula la gestión de residuos sanitarios de riesgo y suspende plazos de presentación e ingreso de tributos.

Establece ayudas urgentes de la Junta de Extremadura para mantener y recuperar el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye subvenciones para personas autónomas, microempresas, centros especiales de empleo, trabajadores por cuenta ajena afectados por regulaciones temporales de empleo, el ámbito agrario y empresas turísticas.

El Consejo de Ministros acuerda poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020, por 20.000 millones de euros. Estos avales los gestiona el Instituto de Crédito Oficial y van destinados a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por el COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que recoge medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Se ordena su publicación para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales del Estado para préstamos a empresas y autónomos afectados por el COVID-19, para pagarés del MARF y para reavales de CERSA. Fija los importes de cada tramo y autoriza compromisos de gasto futuro.

Aprueba un tercer paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del COVID-19. Incluye ayudas para trabajadores autónomos, medidas de gestión para las administraciones públicas, apoyo a la investigación científica y coordinación de los servicios de prevención.

Desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Trabajo y Economía Social hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. También modifica la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Fija qué actividades económicas pueden pedir a la Tesorería General de la Seguridad Social una moratoria de seis meses sin interés en el pago de cotizaciones. La moratoria se aplica a empresas y trabajadores por cuenta propia no suspendidos por el estado de alarma, según una lista de códigos CNAE-2009.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, que adopta medidas urgentes en materia de empleo agrario. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2020, que recoge medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

El Consejo de Ministros acuerda poner en marcha un segundo tramo de avales por 20.000 millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. Estos avales cubren la financiación que las entidades financieras concedan a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por el COVID-19.

Establece medidas urgentes y temporales para asegurar que haya suficientes trabajadores en las labores agrarias durante la crisis del COVID-19. Regula quién puede acogerse a la flexibilización laboral, la compatibilidad de prestaciones y las obligaciones de las empresas.

Desarrolla el derecho al bono social eléctrico para trabajadores autónomos que cesaron su actividad o redujeron su facturación por el COVID-19. Fija plazos de subsanación y comunicación de las solicitudes y modifica el modelo de solicitud.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.