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Aprueba las Normas de Gestión Técnica del Sistema Gasista que corresponden al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Estas normas buscan garantizar el correcto funcionamiento técnico del sistema gasista y la continuidad, calidad y seguridad del suministro de gas natural. Deroga la Orden ITC/3126/2005, de 5 de octubre.

Fija en 83,73 euros por MWh el precio medio de la energía para el primer trimestre de 2025. Este precio se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Actualiza los valores de la retribución a la operación para el primer trimestre de 2025 de las instalaciones de generación eléctrica cuyos costes dependen del precio del combustible. Estas instalaciones incluyen renovables, cogeneración y residuos con régimen retributivo específico.

Aprueba los perfiles de consumo y el método de cálculo para liquidar la energía de los consumidores tipo 4 y tipo 5 que no tienen registro horario de consumo. Se aplica desde el 1 de enero de 2025.

Fija los precios de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de enero de 2025, con un término fijo mensual y un término variable por kWh según el consumo anual. También fija los precios para el gas manufacturado y aire propanado en territorios insulares.

Establece cómo deben enviar cada año sus datos de ventas de energía las empresas obligadas por el sistema nacional de eficiencia energética. Unifica en un solo texto el procedimiento y deja sin efecto tres resoluciones anteriores.

La Dirección General de la Marina Mercante establece exenciones temporales a la aplicación del Reglamento europeo sobre combustibles renovables e hipocarbónicos en el transporte marítimo. Las exenciones afectan a puertos y rutas concretos de pasajeros distintos de los cruceros y a rutas con regiones ultraperiféricas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

La ley tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Regula el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, con procedimientos de urgencia, y establece medidas de apoyo para las personas afectadas y sus cuidadoras.

Fija en 75,23 euros por MWh el precio medio de la energía que se usará para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad en el cuarto trimestre de 2024. Este servicio lo prestan consumidores eléctricos de los territorios no peninsulares (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias empresas eléctricas contra la Orden TED/1315/2022, que regula las subastas de combustible y los valores de referencia para instalaciones eléctricas en territorios no peninsulares. Declara contrarios a derecho varios puntos sobre las fechas de aplicación de los precios de referencia y de la retribución por costes de logística, y anula el inciso sobre el coste de puesta en puerto del gas en Canarias y Melilla.

El Tribunal Supremo corrige errores materiales en su sentencia de 22 de julio de 2024. Cambia la fecha de 1 de enero de 2022 por 1 de enero de 2020 en varios fundamentos de derecho y en el fallo.

Actualiza los valores de la retribución a la operación para el cuarto trimestre de 2024 de las instalaciones de generación eléctrica cuyos costes de explotación dependen sobre todo del precio del combustible. Estas instalaciones tienen régimen retributivo específico (renovables, cogeneración y residuos).

Fija los precios de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de octubre de 2024. También amplía qué consumidores pueden acogerse a esta tarifa, incluyendo comunidades de propietarios y edificios públicos destinados a vivienda.

Fija los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el año de gas 2025. También determina el coste diferencial del gas manufacturado en territorios insulares sin instalaciones de gas natural y la retribución por suministro a tarifa.